Empieza el juicio por la venta de 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre durante el mandato de Ana Botella

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid inicia este martes el juicio por la venta de 1.860 viviendas del Ayuntamiento de Madrid en 2013, durante el Gobierno de Ana Botella, en el que están procesados el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone, Alfonso Benavides.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en 2019, el 5 de diciembre, el procesamiento de Oslé y de Benavides tras desestimar sus recursos ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid.

Oslé y Benavides, y Fidere como responsable civil, están procesados por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos y se sientan en el banquillo a partir de hoy tras el retraso del juicio debido a la pandemia del coronavirus.

La Fiscalía no acusa en este caso a ninguno de los investigados, al entender que no incurrieron en delito, pero la acusación ejercida por los perjudicados solicita para cada uno de ellos ocho años de cárcel por fraude y malversación de caudales públicos y ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

En enero de 2019 el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid archivó la causa por no haber "elementos suficientes" para proseguir con el procedimiento penal, pero cuatro meses después, el 28 de mayo, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación al estimar el recurso interpuesto por el PSOE, la EMVS (durante el Gobierno de Manuela Carmena) y la Asociación de Afectados.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial pidieron entonces al juzgado de instrucción la reapertura de la causa por la venta de los inmuebles de la EMVS, como lo hiciera ya una primera vez en octubre de 2017 después de que el juzgado decretase en 2015 el sobreseimiento del caso. En el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, se concluye que "los hechos expuestos no son constitutivos de infracción penal", por lo que procede la libre absolución de Oslé y de Benavides.

Según los antecedentes del caso, en diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa madrileña Ana Botella y a seis de sus ediles a pagar 22,7 millones de euros por vender las viviendas a Fidere de forma "ilegal", sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio.

El Tribunal consideró que las 18 promociones de vivienda, enajenadas por 128 millones, se vendieron por debajo del precio contable (159 millones) y de mercado generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de euros, además de asegurar que no se promovió "una verdadera concurrencia".

Además de Botella, el Tribunal condenó a Concepción Dancausa -exdelegada del Gobierno en Madrid-, Paz González, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Dolores Navarro, Pedro del Corral y al entonces gerente de la EMVS, Fermín Oslé. Sin embargo, el 17 de julio de 2019 el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que condenaba a Botella y a los miembros de su equipo, absolución que fue confirmada el 11 de junio de 2020 por el Tribunal Supremo.

Precisamente al pedir la reapertura del procedimiento, los tres magistrados de la Audiencia Provincial aludían a la sentencia del Tribunal de Cuentas que cifró un quebranto de 25 millones de euros a causa de la operación y aseguraban que además de un "ilícito administrativo", entraba "dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos". Durante el gobierno de Carmena fueron modificados los estatutos de la EMVS para impedir la venta de vivienda pública, y orientarla, en cambio, al alquiler social.