Audasa pedirá una indemnización de más de 1.000 millones si se anula la concesión de la AP-9

Vigo

Audasa, concesionaria de la AP-9, avisa de que pedirá una indemnización de más de 1.000 millones de euros en el caso de que se llegue a anular el contrato de la autopista en el marco del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España --por incumplimiento de la normativa comunitaria al autorizarse la última prórroga de esta infraestructura sin una licitación pública--.

Así figura en un folleto remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) a finales del mes de octubre con motivo de una emisión de obligaciones --que hará en noviembre por importe de 300 millones--.

De este modo, la compañía advierte de que "cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público implicaría, en todo caso y conforme a la legislación vigente, el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada".

A su juicio, esa indemnización "sería significativamente superior al importe actual de su deuda". A cierre de 2020 su endeudamiento bruto se sitúa en 1.065 millones de euros, según figura en este documento.

PROCEDIMIENTO

La Comisión Europea anunció el pasado 23 de septiembre la apertura de expediente a España por la extensión hasta 2048 de la concesión de la autopista de pago AP-9, la principal vía de vertebración de Galicia, sin lanzar una licitación pública.

Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no ha cumplido con sus obligaciones en esta materia.

En concreto, el Ejecutivo europeo considera que la última ampliación de la concesión de la AP-9, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea.