Malestar en el movimiento feminista por la candidatura española presentada al grupo de expertos europeo
Acusan al Ministerio de Igualdad de falta de transparencia y unilateralidad en la designación de Patricia Faraldo
Temen que España se quede sin representación por el bajo perfil de la candidata
La ministra de Igualdad, Irene Montero / Ricardo Rubio - Europa Press (EUROPA PRESS)
Canarias
Las aguas bajan revueltas en el movimiento feminista desde hace tiempo. Hay discrepancias de fondo entre diferentes corrientes y conocidas disputas por protagonizar la lucha por la igualdad entre el PSOE y Unidas Podemos. En medio de estas batallas, más o menos públicas, se acaba de abrir un nuevo frente por la candidatura propuesta para representar a España en el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO), el órgano creado por el Convenio de Estambul para velar por su aplicación.
El malestar del movimiento feminista es doble. Critican sobre todo “la falta de transparencia y la unilateralidad” con que el Ministerio de Igualdad ha presentado la candidatura para representar a España, cuando los países miembros están obligados a abrir un procedimiento abierto de elección y libre concurrencia. Además, cada Estado puede presentar hasta tres candidaturas.
La propia resolución ministerial que regula la elección, dictada el pasado 8 de septiembre de 2021, señala que “la elección de los miembros de GREVIO debe realizarse conforme a un procedimiento abierto y transparente de entre personalidades conocidas por su competencia en materia de derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, violencia contra las mujeres y violencia doméstica, en asistencia y protección a las víctimas, o que tengan una experiencia profesional reconocida en los ámbitos incluidos en el Convenio”.
En el caso de España se ha presentado sin embargo una única candidatura sin consensuar ni informar a los colectivos implicados en la lucha contra este tipo de violencias. Hasta tal punto ha habido falta de sensibilidad y sintonía de las instituciones hacia los colectivos, que la propuesta de Patricia Faraldo para representar a España en este grupo de expertos se conoció cuando su candidatura fue presentada oficialmente (el plazo ntes finalizó el 24 de septiembre).
Entienden los colectivos críticos con esta decisión, sobre la que barajan presentar una queja o incluso impugnar, que se han contravenido las reglas del procedimiento de elección, establecido en el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
España, que hasta ahora no tiene representación en este órgano, integrado por quince miembros, aspira a cubrir ahora una de esas vacantes. Las personalidades seleccionadas, que participan “en calidad individual, siendo independientes e imparciales en el ejercicio de sus mandatos”, son propuestas por cada país miembro entre sus principales referentes de prestigio en la lucha contra las violencias de género.
Una candidata regulacionista
Las voces críticas temen que la ausencia de consulta a las asociaciones feministas sobre el perfil a presentar pueda llevar incluso a una exclusión de la representatividad de España en este significativo grupo de expertos contra las violencias de género, por el hecho de que Patricia Faraldo no sea un referente en el país en la lucha por la igualdad. Esta catedrática de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña se ha significado por ser especialista en derecho societario y fue una de las redactoras de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Más grave aún resulta que Faraldo sea “una declarada regulacionista de la prostitución”, y no abolicionista, según denuncia la Confluencia Movimiento Feminista. Las organizaciones que la integran recuerdan que “la prostitución no es un trabajo, sino la forma más grave y sistemática de violencia sexual contra las mujeres, contraria a la dignidad humana y a la democracia. En la actualidad, la explotación sexual ya es una de las tres actividades criminales más lucrativas del mundo, que se ceba en las mujeres pobres de todos los países. Sin embargo, para Patricia Faraldo Cabana la prostitución es un trabajo y ha sido notoria su promoción de tal posición en las universidades españolas”.
Por ello rechazan rotundamente su nombramiento y exigen que “se retire de forma inmediata su designación como candidata al GREVIO”.
