El Supremo obliga a repetir el juicio de Quality Food

Cádiz

El Tribunal Supremo ha ordenado repetir el juicio por el caso Quality Food, que investigaba una presunta estafa de una empresa a la Zona Franca de Cádiz, tras atender un recurso presentado por el empresario Manuel García Gallardo a la sentencia de la Audiencia Provincial que le había condenado a diez años de prisión. La repetición del juicio no afectará al exdelegado Miguel Osuna, del PP, que ya había sido absuelto por el tribunal gaditano. El Supremo cree que no se respetó el principio de legítima defensa de García Gallardo. 

En una sentencia de 71 folios, a la que ha tenido acceso la SER, el Supremo atiende el recurso de casación interpuesto por la defensa de García Gallardo contra la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial del 30 de julio de 2019 (aunque notificada el 24 de septiembre) y ordena "la retroacción de actuaciones" para que se celebre un nuevo juicio en el que se sentará, de nuevo, en el banquillo de los acusados el empresario y dos personas más, las tres que fueron condenadas por la Audiencia Provincial.

En este juicio, el nuevo tribunal tendrá que admitir la prueba pericial propuesta por su defensa, que fue denegada en el anterior juicio y que ha sido la clave de esta decisión del Supremo. Tal como contó en su día la SER, García Gallardo había presentado recurso de casación para tratar de considerar "nulo" el juicio en la Audiencia Provincial. Aludía a que no se le había dejado presentar un informe antes de la vista, algo en lo que le da completamente la razón el Supremo, que recurre a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos para reivindicar que en este caso no se ha cumplido el principio de legítima defensa. Se trata de un informe pericial de la auditora KPMG sobre el valor de las acciones de Quality Food, que fue rechazado por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia gaditana.

"La prueba debió de ser admitida, lo contrario supone una merma de las opciones de defensa e imposibilidad de acreditar lo contrario a lo que se desprende con otra pericial elaborada con otra auditora (PwcC)", dice el Supremo. De esta manera, decide anular la sentencia de la Audiencia Provincial e insta a celebrar otro juicio oral en el que se posibilite la prueba pericial que fue "indebidamente" denegada. Subraya que «se identifican, por tanto, claros indicadores de inequidad en el desarrollo del juicio oral por una injustificada lesión de los intereses defensivos de los recurrentes al inadmitirse por innecesaria la prueba pericial propuesta, ya que, dada la doctrina jurisprudencial expuesta, la prueba era pertinente, necesaria, relevante, posible y su inadmisión es 'trascendente' como se ha explicado por la parte recurrente»

El Supremo, eso sí, no atiende el recurso de García Gallardo en los puntos en los que acusaba a la Audiencia Provincial de que se había infringido su derecho a un juicio justo con todas las garantía, bajo la indefensión y la rotura del principio de presunción de inocencia.

El alto tribunal acuerda repetir el juicio contra los tres condenados por la Audiencia Provincial, pero no para el exdelegado Miguel Osuna, que ya fue absuelto y para el que esta sentencia cierra definitivamente sus causas judiciales en este caso, como ya ocurrió con la investigación en torno al caso Rilco.

El Supremo insta a que el nuevo juicio oral por Quality Food sea desarrollado ante un tribunal diferente para garantizar su equidad. El fallo desestima los recursos presentados por la Abogacía del Estado, en representación a la Zona Franca, y del PSOE, que pedían penas mayores para los acusados y condena para Osuna. Las costas del proceso correrán a cargo de la Abogacía del Estado y el PSOE.

La repetición del juicio de Quality Food prolonga en el tiempo la agonía de una causa relacionada con unos hechos ocurridos a principios de este siglo. Al principio se investigó si el empresario Manuel García Gallardo había estafado a la Zona Franca mediante su empresa de alimentación Quality Food en la etapa del PP de José María Aznar en el Gobierno. La investigación derivó después hacia los mandos de la Zona Franca en esos años, que, según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pudieron también participar de este fraude. El juicio de la Audiencia Provincial eximió a los responsables del PP, pero sí condenó al empresario. Ahora el nuevo juicio vuelve a poner el contador a cero.