Mari Brito declara su inocencia y afirma que trabajó para eliminar los vertidos del Polígono de Güímar
La alcaldesa asevera que el problema ya se ha solucionado y el emisario estará disponible en breve plazo
Mari Brito, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios, en una imagen de archivo / Gobierno de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
"Soy inocente y he trabajado para que se paralizaran los vertidos", así de contundente se ha mostrado la alcaldesa de Candelaria, María Brito, al ser preguntada en Radio Club Tenerife por su procesamiento en el macrocaso de los vertidos procedentes del polígono industrial de Güímar. "Desde que yo he tenido conocimiento de los vertidos del polígono hemos actuado desde el primer momento. Primero con el cierre del emisario. Respeto las decisiones judiciales, pero ejercitaré mi derecho a presentar recursos porque no comparto esa decisión y tengo mi conciencia tranquila en que he trabajado para proponerle solución".
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Por su parte, el portavoz de transición ecosocial de Sí se puede, Rubén Fuentes, llama la atención sobre que "han convertido el litoral de Güímar en un desierto, causado por los vertidos industriales descontrolados durante decenas de años; han destrozado la biodiversidad marina en un atentado medioambiental que para el valle es equivalente y tan grave como las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar, por eso teníamos que exigir responsabilidades". En su opinión, "nos encontramos en una fase en la que será el juicio oral donde se establecerán quiénes son los responsables penales, pero, en cualquier caso, tenemos que recordar que, en este asunto, todas las administraciones han actuado de manera negligente".
Auto de procesamiento
El auto de procesamiento a Mari Brito, y los exalcaldes de Candelaria y Arafo, Gumersindo García (PSOE) y Juan José Lemes (CC), respectivamente, y la exalcaldesa de Güímar, Luis Castro (PP) fue notificado el pasado 20 de enero. El auto, de casi 100 páginas adelantado por la SER, que los alcaldes, "de forma consciente y voluntaria", omitieron desde el verano de 2013 las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales, algo que sí acometieron a partir de marzo de 2017 cuando se abró la causa penal.
El juez apunta que también, "de forma consciente y voluntaria", permitieron un vertido "continuo e incontrolado" de aguas residuales procedentes del polígono industrial y de las urbanizaciones El Socorro y La Viuda, "sin depurar, tratar ni legalizar" y generando un "riesgo grave" para las aguas y la salud de las personas.
El magistrado da ahora un plazo de 10 días para que las partes personadas como acusación popular (Izquierda Unida y Sí se Puede) y la Fiscalía presenten escritos de calificación provisional con vistas a la apertura del juicio oral si así se estima.
