La Diputación interviene a petición de Iberdrola y el Gobierno vasco ante la falta de acuerdo de los municipios afectados por el parque eólico de Azazeta

Vitoria

Tras la renuncia a los parques eólicos de Arkamo e Iturrieta por sus graves efectos medioambientales, la polémica en Álava está centrada sobre todo en el parque eólico de Azazeta (también en el de Labraza) sobre el que los técnicos de la Diputación alavesa emitieron en octubre pasado un informe que alertaba de "efectos negativos muy relevantes". Sus promotores, la sociedad Aixeindar formada por Iberdrola y el Gobierno vasco a través del Ente Vasco de Energía, siguen adelante con él y cuentan con el apoyo del Gobierno foral de Ramiro González. Por su parte, pueblos afectados por esta instalación han rechazado su instalación por los daños ambientales que provocará y siguen movilizándose para intentar que las instituciones den un paso atrás.

Es en este contexto en el que Iberdrola y el Gobierno vasco han pedido a la Diputación alavesa que intervenga para desbloquear los trámites urbanísticos necesarios para sacar adelante el parque eólico. Así se recoge en una orden foral del diputado de Medio Ambiente Josean Galera que se ha conocido este martes en la que Aixeindar, la promotora del parque, "solicita la intervención de la Diputación foral en la tramitación del plan especial del parque eólico (...) ante la inexistencia de acuerdo de los municipios afectados por dicho instrumento".

Los municipios afectados son Barrundia, Bernedo, Arraia-Maeztu, Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna y San Millán. En Bernedo y Arraia-Maeztu se implantarán fundamentalmente los 8 aerogoeneradores y las plataformas, desde el puerto de Azazeta hasta el Pico Galartza, y después se llevará la electricidad a través de unas líneas soterradas hacia una nueva subestación eléctrica en Iruraiz-Gauna cruzando los otros tres municipios restantes. Todo esto sobre un suelo no urbanizable en torno al que hay que realizar una serie de tramitaciones urbanísticas llamadas "plan especial".

Según la orden foral, al afectar a varios municipios, la tramitación de este plan especial recae en uno de los municipios. Y es sobre lo que no hay acuerdo, según ha trasladado Aixeindar a la Diputación. El diputado foral de Medio Ambiente ha concedido a los municipios afectados tres meses de plazo para que alcance un acuerdo "por el que uno de ellos asuma su tramitación y aprobación". En caso contrario, será la propia Diputación la que impulse esa tramitación urbanística.