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La RGI y el IMV llegan al 5% de la población de Euskadi

La RGI se acerca a cifras de 2008 tras restar 3.310 perceptores en 2022 que prácticamente coincide con las nóminas que suma el IMV

Acceso a una de las oficinas de Lanbide en Vitoria / IREKIA

Vitoria

La Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital aseguran la subsistencia de 113.771 vascos, algo más del 5% de la población, gracias a una, otra o ambas ayudas simultáneamente ya que 9.928 perceptores del IMV completan este subsidio con la RGI, según los datos facilitados este lunes por Lanbide.

A cierre de 2022, existen 49.413 rentas activas de la RGI. En el último mes de diciembre han aumentado en algo más de 300 respecto a noviembre, pero son 3.310 menos que hace un año, lo que supone una rebaja del 6%. Hacía casi 15 años, desde 2008, que no se alcanzaban estas cifras.

Además, la ayuda ha encadenado siete meses consecutivos por debajo de las 50.000 nóminas. "El descenso ha sido paulatino desde febrero de 2021, cuando se consolidó la fase de recuperación del empleo, que en el año recien termiando ha superado los máximos de afiliación a la Seguridad Social y cuya cifra definitiva se concerá mañana" recuerdan desde el departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco.

Casi 10.000 reciben ambas ayudas

En el último año se ha reducido también el número de titulares que perciben ambas ayudas para un total de 9.928 y por el contrario han aumentado en casi 3.000 los perceptores que reciben exclusivamente el IMV, que coincide en gran medida con el número de titulares que han dejado de cobrar la RGI.

Una y otra ayuda han supuesto a las arcas públicas un desembolso de 467 millones de euros en 2022, de los que 302 millones corresponden a la RGI y 87,5 millones al IMV.

La cuantía de ambas se ha incrementado un 8,5%. La subida se aplicará en la primera nómina del año y se actualizará en el mes de abril, una vez entren en vigor los nuevos tramos que contempla la reforma de la Ley de la RGI recientemente aprobada por el Parlamento vasco.

La nueva norma prevé que se incorporen personas que ahora no pueden acceder a esta prestación. El presupuesto para 2023 es de 565 millones de euros, un 20% más de lo ejecutado en 2022.