El Gobierno vasco despide también a la mujer de Ochandiano por el 'caso De Miguel'

Vitoria

Suma y sigue el carrusel de despidos a raíz de la firmeza del fallo por el mayor caso de corrupción de Euskadi. El Gobierno vasco ha despedido este martes a Iratxe Gaztelu-Urrutia, condenada en el denominado 'caso De Miguel' y esposa de Koldo Ochandiano, cabecilla de los condenados en esta trama corrupta.

Gaztelu-Urrutia está condenada, además de a un año y seis meses de prisión, a una pena de año de inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administarción local y autonómica, por lo que el Ejecutivo ha procedido ha rescindido su contrato como funcionaria interina en la delegación territorial de Álava del departamento de Salud.

Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que ha detallado las nuevas consecuencia de la ejecución de la sentencia del mayor caso de corrupción juzgado en Euskadi.

"Hemos explicado que hemos esperado mucho tiempo a que llegará la sentencia y aclarara la ejecución de cómo se debería desarrollar y estamos cumpliendo con lo que esta sentencia esteblece" ha defendido Zupiria.

El despido de Gaztelu-Urrutia se suma al de Javier Sánchez Robles, Alfredo De Miguel y su pareja, Koldo Ochandiano, empleados de la Diputación de Bizkaia, la Fundación Hazi y el Parque Tecnológico de Miñano respectivamente. Este último, además, ha sido excluido de unas oposiciones a las que se había presentado para lograr un puesto superior.

A diferencia de estos, el Gobierno vasco ha resuelto que la ejecución del fallo no afecta a la situación laboral de Alfonso Arriola, ex gerente del Parque Tecnológico de Miñano, donde se inició este caso de corrupción. En su caso la pena es exclusivamente de inhabilitación y no de cárcel.

Arriola podrá mantener su plaza de técnico de proyectos europeos en el departamento de Desarrollo Económico, del que por cierto colgaban también los empleos de De Miguel y Ochandiano.

"En su caso, la sentencia establece una situación de inhabilitación para empleo o cargo público en una sociedad participada por la administración vasca y no es el caso porque esta persona es trabajadora del departamento de Desarrollo Económico donde desarrolla tareas vincualdas a los fondos europeos y lo que estamnos haciendo es aplicar una sentencia" ha explicado Zupiria.