Un juez obliga a una mujer maltratada a volver a Vitoria para que su exmarido vea a las hijas que tienen en común
El hombre fue condenando por violencia de género en 2022 y la mujer pide que el juez retire la medida que permite al progenitor un régimen de visitas con las menores
"Aquí podemos salir a la calle cuando queremos"
00:37
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1707804679560/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Vitoria-Gasteiz
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria obliga a una mujer a regresar a la capital vasca para que su exmarido, condenado por violencia de género en 2022, pueda ver a las hijas que tienen en común. A raíz de la sentencia inicial por malos tratos y el divorcio, la mujer se mudó a su ciudad de origen con sus hijas y pide ahora que, en base a la modificación de la Ley de Protección Infantil en 2021, el juez retire la medida que permite al progenitor un régimen de visitas con las menores.
En 2019, el tribunal emitió una sentencia por malos tratos y la pareja se divorció. Desde el momento en que la mujer interpuso la denuncia contra su ahora exmarido, se le impuso a este una orden de alejamiento de 200 metros, pero se estableció que tenía derecho a un régimen de visitas con las menores. El hombre alquiló un piso a 300 metros del domicilio de la víctima dónde vivía con los menores. "Se mudó a nuestro barrio y su piso estaba al lado del centro de salud al que acudíamos, al lado del parque donde siempre jugábamos, etc... Prácticamente no podíamos salir de casa porque en el momento que lo hacíamos nos lo encontrábamos o nos llamaban para avisar de que andaba por la zona para que nos fuéramos a casa. Al final vivíamos en en el piso, en el patio del piso, que era donde me sentía segura con las menores y prácticamente salíamos para hacer la compra, ir al cole y poco más", explicaba a la Cadena SER la víctima.
Así, la mujer decidió, en febrero de 2021, volver a su comunidad autónoma de origen y llevarse a sus dos hijas con ella. Fue condenada a nueve meses de prisión por desobediencia judicial ya que la sentencia establecía que debía quedarse en Vitoria para que su exmarido pudiese ver a las niñas. No obstante, no ingresó en la cárcel puesto que no contaba con antecedentes penales. La condena prescribe en dos años.
La mujer llegó a la ciudad con un trabajo, un colegio para sus hijas y un piso. "Yo no me fui con una mano por delante y otra por detrás, tenía un futuro", asegura. Y tras tres años allí, tienen una vida consolidada: "Actualmente tengo un trabajo fijo, una red de personas donde me puedo apoyar si las menores se encuentran mal un día y, sobre todo, vivimos sin miedo", explica. Y es que hacía años que el miedo formaba parte de su día a día. "Ahora vivimos una vida normal, podemos salir a la calle y montarnos en el coche sin tener que hacerlo a toda prisa, ya no nos asustamos cada vez que suena el timbre y podemos bajar al parque sin tener que jugar a ver cuánto tardamos en llegar corriendo a casa si mamá dice que hay que irse rápido", relata la víctima.
En 2021, se modificó la Ley de Protección Infantil que prohíbe ahora un régimen de visitas a los padres condenados por violencia de género. Así, y de acuerdo con la condena impuesta a su exmarido en 2022, la mujer pide ahora la retirada de las visitas y explica que "el fiscal dijo que no encontraba nada favorable en que los menores tuviesen visitas" con el condenado. La víctima dispone de 20 días para presentar el recurso al Tribunal Provincial y "esperar que nos escuchen y nos dejen vivir tranquilas", explica.
