El magistrado Jaime Tapia, ante la presunta corrupción en el PSOE: "En el ámbito de la política, hay que partir de un principio de cierta confianza"

Bilbao

El Comité Federal del PSOE de este fin de semana ha tratado de poner fin a la corrupción en este partido. Aquí en Euskadi, el Gobierno Vasco anunció la pasada legislatura un canal interno para denunciar la corrupción en la administración vasca. Fuentes del ejecutivo confirman a Cadena SER Euskadi que esta herramienta está incluida en la Ley de Transparencia en periodo de alegaciones en estos momentos. La idea es que a la vuelta de verano se pueda aprobar.

En este contexto, el magistrado que ha juzgado el mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel' en el seno del PNV, contextualiza si este tipo de herramientas son eficaces para evitar este tipo de prácticas y qué está en manos de los partidos políticos y del Estado para cortar este tipo de actos delictivos.

¿Cree usted que el canal interno destinado a luchar contra la corrupción puede detectar el fraude en la administración?

Este Sistema interno de información de infracciones normativas y de protección de las personas informantes en el marco del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi —así se llama oficialmente— ya está en marcha desde hace aproximadamente 2 años. Fue un decreto que determinó la creación y regulación de este sistema al hilo de una ley estatal. Se puede decir que, en general, los fundamentos relacionados con la prevención de la corrupción son el establecimiento de un marco jurídico que pueda definir todas estas cuestiones relacionadas con la corrupción: la transparencia, los códigos éticos o la protección de las personas denunciantes o informadoras.

Todas estas medidas sin duda que apoyan, pero también hay que introducir otras, se puede decir, de índole casi social o político. Se trata de generar una cultura en la que estos comportamientos se puedan considerar ilícitos y dañinos para la sociedad. En una sociedad como la española, muchas veces por razones culturales, sociales o educativas, no se tienen interiorizados valores que puedan evitar actuaciones de corrupción.

¿Qué va a aportar la Ley de Transparencia vasca respecto a lo que está actualmente en vigor?

Esta ley se enmarca en unas políticas que se fueron desarrollando en todos los países europeos y que tienen como finalidad profundizar en la transparencia de la administración y facilitar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas.

Dentro de estas medidas hay una panoplia de acciones. Siempre ayuda, sin duda, que existan leyes como esta, porque contribuyen a prevenir. Ahora bien, también creo que hay que fomentar unas políticas éticas y sociales. Aunque muchas veces parece que estos comportamientos son tolerados, lo cierto es que la sociedad, cuando ocurren, se indigna. Pero más allá de esa reacción, creo que hay que fomentar en la sociedad valores éticos para evitar los daños que genera la corrupción.

Es decir, más allá de las leyes —que sí son importantes— también hay que establecer canales, por ejemplo, de denuncia. En los últimos tiempos en España se han producido algunos avances en ese sentido, pero todas las medidas, ya sean de índole política, social o económica, siempre van a ser insuficientes. Porque la corrupción también hay que entenderla como un comportamiento que, en cierta forma, es inherente al ser humano: la avaricia, el poder... Todos estos elementos provocan que, si no hay organismos de control y supervisión de las actuaciones que se llevan a cabo —no solo en la administración pública, sino también en el ámbito privado—, puedan producirse situaciones de corrupción. Eso desde el ámbito de la prevención.

Luego está el ámbito de la represión, donde también hay cuestiones que deben mejorar. Aquí en Euskadi, alguna vez se ha hablado de la posibilidad de crear una fiscalía anticorrupción que pueda adoptar medidas en los casos que se detecten.

En otras comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Andalucía, Navarra, Galicia o Madrid, se han establecido agencias y autoridades antifraude. Desde el ámbito administrativo, estas entidades realizan labores de supervisión, control y recepción de denuncias, a través de canales confidenciales o anónimos.

Usted juzgó el mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel'. ¿Cómo se podría evitar esto en las formaciones políticas? ¿Hablamos de pedagogía, de exigir formaciones a los cargos orgánicos dentro de los partidos que en un futuro pueden llegar a gobiernos?

En muchos casos las corrupciones están encapsuladas, es decir, no son más que personas concretas de los partidos políticos que toman las medidas oportunas para que sus comportamientos no sean detectados. Hay situaciones que hemos conocido en España, en algunos partidos políticos en particular, como ya ha sido demostrado judicialmente en el caso del PP, que realmente podía haber incluso una infraestructura de corrupción en su momento.

Se han descubierto muchos casos en todos los partidos políticos. Pero, al final, sobre todo, son las administraciones públicas las que tienen que tomar medidas de control y supervisión sobre todas aquellas actuaciones que puedan suponer corrupción.

Los partidos políticos a la hora de seleccionar a las personas tienen que realizar juicios críticos, pueden tomar medidas en aquellos casos en los que ya se barrunten situaciones comprometidas o peligrosas. Investigando, dentro de un criterio de proporcionalidad, a esas personas o impidiendo que puedan acceder a ciertos cargos públicos.

Se están intentando en los últimos años, a nivel legislativo y político, medidas de todo tipo. No vamos a evitarlo del todo, porque incluso en los países con menores índices de corrupción, como los del norte de Europa, también existen casos concretos.

Pero, todas las medidas que se vayan adoptando desde la formación, desde la sensibilización, y también las medidas de dotación de medios oportunos a entidades —bien sean administrativas, del ámbito de la prevención del fraude o la fiscalía—, todo será bienvenido, siendo conscientes de que no se va a poder impedir que se produzcan casos concretos.

Para terminar y casi a nivel personal, ¿le ha sorprendido que la corrupción haya alcanzado al número tres del PSOE?

Después de mi experiencia vital, personal y profesional, ya no me extraña casi nada [Risas]. Yo no sé en este caso concreto qué haya podido pasar, eso lo irán determinando los tribunales. Pero la verdad es que muchas veces, en el ámbito de la política, hay que partir de un principio de cierta confianza. Es decir, normalmente las personas corruptas también adoptan medidas para evitar que sus comportamientos sean detectados. Entonces, yo aquí creo todas las hipótesis posibles.

Hemos visto en la realidad judicial española de todo. Es verdad que estas personas en los partidos políticos, aunque no ejerzan poder directo —en particular en algunos partidos concretos, como puede ser aquí el PNV—, siempre se habla de que las personas del partido tienen, a veces, más poder que las que están en el propio gobierno o en el propio Partido Socialista.

Entonces, muchas veces a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la contratación, hay unos criterios objetivos, pero luego hay otros criterios que pueden ser más subjetivos. Ahí puede influir también un criterio más subjetivo que dentro de las circunstancias, tome una decisión favorable a otro. Y puede haber, en su caso, una decisión motivada por otros fines, obviamente ilícitos o incluso delictivos.

Hay un elemento que ya está también detectado criminológicamente, y es que cualquier persona, en un momento determinado, puede ser corrompida. Desde el punto de vista también de la criminología, que se ha estudiado, pues yo también conozco que hay personas que moralmente son muy éticas, pero que, en un momento determinado —por razones circunstanciales pueden ser objeto de un soborno o de una mordida.