El Gobierno vasco, obligado a proteger a quienes denuncien corrupción

Vitoria

El Gobierno vasco trabaja por la vía de urgencia para implantar un 'sistema interno' de información y protección a personas que denuncien casos de corrupción. Lo está haciendo a contrarreloj, a raíz de una Ley estatal que regula la puesta en marcha de esta nueva medida anticorrupción para antes del 13 de junio de este año. Se da la circunstancia de que el Ejecutivo de Urkullu descartó en 2019 una propuesta muy similar de Elkarrekin Podemos y ha hecho lo propio este mismo año con otra iniciativa parecida de EH Bildu.

El pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley que protege a denunciantes de corrupción a través de la puesta en marcha de sistemas internos propios e independientes en empresas, patronales, sindicatos y partidos políticos así como las fundaciones de los mismo "siempre que reciban fondos públicos" además de la propia Administración. Todos, con algunas excepciones, están obligados a activar este mecanismo contra la corrupción.

La Ley obliga y da un plazo de tres meses. El primer mes se cumple precisamente este jueves. Así que, el Ejecutivo vasco trabaja a contrarreloj, por la vía de urgencia, para aprobar un decreto que de cobertura jurídica a esta especie de oficina anticorrupción que se encargará de recepcionar informaciones sobre este tipo de prácticas y proteger a los denunciantes.

Lo cierto es que el Gobierno vasco se opuso a activar un sistema similar ante sendas propuestas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y ahora da el paso obligado por una ley estatal, que responde a su vez a una directiva europea, adaptada tarde, con tirón de orejas inlcuido de la UE a España. De ahí las prisas, porque como reconoce el Ejecutivo autonómico la ley "contempla el día 13 de junio de 2023 como la finalización del plazo máximo para la implantación del sistema interno de información".

Así está recogido en la orden de la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, que lanza por la vía de urgencia, estos es, acortando los plazos a la mitad, la tramitación del decreto que dará cobertura legal al nuevo sistema que también deberán implantar las diputaciones y los ayuntamientos, aunque aquellos con menos de 10.000 habitantes podrán compartir oficina.