El Gobierno vasco inicia el cambio legal para controlar más a los porteros de discotecas tras la muerte en la Mítika

Vitoria-Gasteiz

El pasado 22 de mayo el clamor de los padres de Kerman, el joven que murió tras ser golpeado por el portero de la discoteca Mítika en Vitoria, encontró respuesta en el pleno del Parlamento vasco, que pidió al Gobierno vasco que revise la normativa del personal de admisión para hacer frente a comportamientos violentos de los porteros de discoteca. Dos meses después, el Gobierno vasco ha iniciado los trámites para esa revisión legal, aunque "llevara meses", advierten.

El caso que motivó la declaración casi unánime del Parlamento vasco (con la excepción de PP y VOX) tuvo lugar el 23 de febrero en las puertas de la discoteca Mítika en Vitoria. Kerman, un joven de 31 años de edad, murió tras haber sido golpeado y posteriormente caído al suelo por el portero del local. El Juzgado de instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz decretó el ingreso del portero en el centro penitenciario de Álava por un presunto delito de "homicidio y/o asesinato".

Tras el suceso se conoció que el portero acumulaba otras denuncias por comportamientos agresivos. Eso motivó que el Parlamento vasco pidiera al Gobierno que "estudie la normativa y la modifique, ante indicios de comportamientos violentos del personal de servicios de admisión".

Control más exhaustivo de la habilitación

Ahora, la directora de Juegos y espectáculos del Gobierno vasco tiene en consulta púbica previa la modificación de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, que regula la habilitación del personal de control de acceso. En la documentación de la consulta, explica que, "recientemente, a raíz de ciertos eventos", sin mencionar la discoteca Mítika, "se han puesto de manifiesto posibles aspectos de mejora". Cita, entre otros, "la necesidad de un control más exhaustivo de la habilitación del personal" y "aspectos a mejorar en los procedimientos de habilitación y de revocación".

En el debate parlamentario, varios intervinientes reclamaron que se endurezcan los requisitos para ser personal de admisión y que, entre ellos, se incluya formación en Derechos Humanos y contra discriminación. También, los parlamentarios se preguntaron si la Administración no podría adoptar medidas cautelares y revocar licencias ante denuncias por uso de violencia.