La Autoridad Portuaria de Pasaia acuerda la salida de las cinco familias con derechos en Escalerillas

San Sebastián

La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha alcanzado un acuerdo definitivo con las cinco familias que mantenían contratos de arrendamiento en vigor en las viviendas de La Herrera. El consenso, logrado tras una negociación directa con las inquilinas, supone un paso decisivo para resolver la situación habitacional del edificio, directamente afectado por el proyecto estratégico de entrada del ancho métrico de Eusko Trenbide Sarea al puerto de Pasaia. El acuerdo establece una compensación económica en concepto de indemnización por la extinción de los contratos y fija el 15 de abril como fecha límite para que las viviendas queden completamente desocupadas.

Con el objetivo de facilitar este proceso, la APP ha incluido en el acuerdo una cláusula de acompañamiento a las familias durante el traslado a sus nuevos hogares, con el fin de garantizar una transición ordenada y con las máximas garantías posibles. Desde la Autoridad Portuaria se subraya que el diálogo y la negociación han sido las herramientas clave para alcanzar una solución consensuada con las inquilinas que contaban con derechos reconocidos.

El pacto se limita exclusivamente a estas cinco familias y no afecta a las otras seis que residen en el inmueble sin título habilitante ni derecho de residencia. En relación con este colectivo, una sentencia reciente del Juzgado de Primera Instancia de Donostia respalda la posición de la Autoridad Portuaria para la recuperación de la posesión de las viviendas. No obstante, dichas familias han recurrido el fallo, por lo que el procedimiento continúa su curso en los tribunales a la espera de una resolución firme.

La liberación del edificio resulta necesaria para poder ejecutar las obras de acceso del ancho métrico al puerto, una infraestructura clave con un presupuesto de 5,5 millones de euros que permitirá reducir el tráfico de camiones y la huella de CO₂ en el entorno. La Autoridad Portuaria de Pasaia reitera su compromiso de gestionar todo el proceso con respeto a las garantías legales y buscando un equilibrio entre el interés general del puerto y la situación personal de las familias afectadas.

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