Padres de colegios afectados por el cierre en Bizkaia denuncian una “vulneración de derechos” del alumnado

Las familias de los centros educativos afectados por el cierre y los procesos de integración anunciados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en Bizkaia han expresado su rechazo frontal a la medida y denuncian que supone una vulneración de los derechos del alumnado, especialmente de los niños y niñas más vulnerables.

La reacción llega tras el anuncio de que cuatro colegios públicos de Bizkaia —Ingeniero Orbegozo y Tomás Camacho en Bilbao, Larrañazubi en Getxo y Lamiako en Leioa— cerrarán el próximo curso para integrarse en centros cercanos, dentro del plan impulsado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

“Se sacrifica la estabilidad del alumnado”

Ilse Saiz, madre del CEIP Larrañazubi, uno de los centros afectados, ha advertido de las consecuencias del cierre para el alumnado.

“Esta decisión constituye una vulneración flagrante de los derechos de los niños y niñas, al privarles de la igualdad de oportunidades y del acceso efectivo al modelo educativo actual”, han denunciado las familias.

Críticas al desmantelamiento de un modelo inclusivo

Según las madres y padres, el proceso anunciado por Educación desmantela condiciones pedagógicas favorables que se habían consolidado durante años, especialmente tras el reagrupamiento del alumnado en aulas estables.

“Resulta especialmente grave que se eliminen las condiciones favorables alcanzadas durante años en el aula estable, después de haber reagrupado aquí a este alumnado”, señalan.

Las familias sostienen que el cierre supone romper un entorno inclusivo ya consolidado, con apoyos específicos adaptados a las necesidades del alumnado.

Impacto emocional y pedagógico

Uno de los aspectos que más preocupa a los padres y madres es el impacto emocional que puede tener la integración forzosa en otros centros.

“El cierre supone despojarles de un entorno inclusivo y de los apoyos que garantizaban su bienestar, sacrificando su estabilidad emocional y pedagógica”, subrayan.

A su juicio, la decisión responde a una planificación administrativa que no tiene en cuenta ni la realidad de los centros ni la protección de los menores más vulnerables.

Rechazo al modelo de integración planteado

Las familias consideran que el proceso de integración anunciado no responde a la demanda real de la comunidad educativa, ni a las necesidades específicas del alumnado que actualmente cursa estudios en estos centros.

En este contexto, reclaman que el Departamento de Educación reconsidere la medida y apueste por soluciones que mantengan la estabilidad educativa y emocional de los niños y niñas afectados.