El expediente del palacete de Getxo siguió un itinerario administrativo que evitó una revisión urbanística y priorizó su derribo

Bilbao

La investigación policial relativa al derribo del palacete de Getxo ha detectado un cambio de criterio municipal tras conocer el caso de una villa en Neguri. Tal y como avanzó Radio Bilbao, 'La Aldea' aparece como un precedente claro en el que el Ayuntamiento optó por una solución radicalmente distinta a un derribo. Los técnicos municipales concluyen que no procedía autorizar el derribo de un edificio protegido por custodia municipal. Una de las claves en este caso se sitúa en que la edificación de Neguri presentaba el mismo tipo de protección urbanística que el palacete de Algorta, cuya demolición se ejecutó en su totalidad. En ambos casos, los edificios estaban sometidos al mismo régimen de protección y existía conocimiento expreso por parte de los servicios consistoriales.

Algo parecido ocurre con el procedimiento seguido por los dos expedientes que pretendían construir pisos en el solar de 'Irurak Bat'. Fue la empresa Eslora quien se interesó primero por este palacete del siglo XIX. Cuando llegó su proyecto básico se decide que la totalidad del proyecto lo informe la subárea o unidad de Disciplina Urbanística dentro de la concejalía que dirigía uno de los ediles investigados, Iñigo Urkitza.

En cambio, no ocurre lo mismo con el documento de Biurban, la empresa de gestión de cooperativas de vivienda, que formó Atalaya Ereaga, la sociedad promotora de los 12 pisos de lujo proyectados en este lugar y en la que participaba otras de las ediles imputadas, Irantzu Uriarte. Las pesquisas constantan que el expediente de Biurban se canalizó por un cauce que no era el habitual para edificios sometido a custodia municipal.

La investigación del palacete de Getxo apunta a un cambio de criterio municipal tras el caso de una villa en Neguri

Tramitación por otra área

Se tramitó por otro, podríamos decir, departamento. Este es uno de los elementos centrales de la investigación. El expediente no fue informado ni por Disciplina Urbanística, ni por el arquitecto municipal adscrito a este área, Urko Balziskueta. Este técnico es el único en la Institución local con titulación en el campo de la intervención en el patrimonio histórico (es doctor por la EHU) y había intervenido anteriormente en otros expedientes relacionados con edificios protegidos.

En lugar de ello, la tramitación recayó en la unidad de Planeamiento y Gestión, es decir, en el departamento de la recién contratada arquitecta, Argiñe Encinas, para revisiones del PGOU. Esta decisión tuvo un efecto directo en los tiempos de tramitación. Los redujo considerablemente, ya que la licencia de obras se concedió antes de un nuevo marco más restrictivo impuesto por la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y es que la nueva situación podría incluso haber impedido los planes de la Biurban al demorar estas concesiones hasta dos años.

Finalmente, el proyecto de ejecución del palacete planteó un derribo total de la edificación para después construir un inmueble de nueva planta, una actuación que "no era autorizable" dentro de la regulación vigente en aquella fecha.

En definitiva, el resultado final fue la concesión de una licencia que permitió derribar el edificio protegido para luego levantar dos bloques de viviendas.

Así es la vivienda de lujo que los dos concejales investigados por el palacete de Getxo tenían reservada en la promoción

Menos filtros

Con todo esto, la Ertzaintza no llega a afirmar a qué se debió este cambio, ni quién lo ordenó (se entiende que alguien jerárquicamente superior), pero sí relaciona los diferentes datos y pasos dados en una secuencia temporal. Sin embargo, la policía constata que la tramitación llevada a cabo es más ágil y lineal, con menos filtros y sin los requerimientos habituales en expedientes de edificios protegidos con custodia municipal.

Las tres técnicas —la propia Argiñe Encinas, además de la responsable del área de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Isabel Peral, y la responsable técnico-jurídica de Urbanismo, Sonia Quintana—, los tres concejales y las cuatro personas de la cooperativa tienen previsto declarar en los juzgados de Getxo el miércoles, 25 de febrero.

Fue tramitado "correctamente"

Tras los registros de la Ertzaintza en hasta tres sedes del Ayuntamiento de Getxo, la alcaldesa Amaia Agirre publicaba un vídeo en sus redes sociales defendiendo la actuación municipal en la tramitación del expediente urbanístico. "No nos consta ninguna irregularidad. En lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad", afirmaba Agirre en el comunicado.

La alcaldesa sostiene que el expediente del edificio de la calle San Nicolás 11 fue tramitado "correctamente", siguiendo los procedimientos habituales, con la revisión del personal técnico competente y los informes necesarios.

En este sentido, la alcaldesa subrayaba que el Ayuntamiento actuará con firmeza ante cualquier incumplimiento urbanístico y advertía de que, si la investigación judicial acreditara alguna vulneración legal o ética, "se adoptarán las medidas oportunas con toda la contundencia".