Proteger o prohibir: el debate científico y legal sobre vetar las redes sociales a menores de 16 años

San Sebastián

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales ha generado un intenso debate entre profesionales de la psicología, el ámbito jurídico y la ciberseguridad. Mientras algunos expertos celebran la medida como un "paso valiente” para proteger la salud mental de niños y adolescentes, otros advierten de interrogantes legales, tecnológicos y educativos que deberán resolverse para que la reforma sea eficaz.

El doctor en Psicología por la EHU, Juan Manuel Machimbarrena, considera que la propuesta presenta “luces y sombras” y subraya que será necesario un análisis más profundo para valorar su impacto real.

Entre los aspectos positivos, Machimbarrena destaca el endurecimiento de las responsabilidades para las plataformas digitales: “Una mayor responsabilidad civil y penal para sancionar a las empresas y a sus ejecutivos por el daño causado sí me parece positiva, así como intentar generar esa seguridad por defecto para hacer que Internet sea un lugar mejor para todos”. Sin embargo, plantea dudas clave sobre la aplicación práctica de la norma porque quedan bastantes interrogantes críticos, entre ellos, cómo se definirá una red social y qué plataformas incluirá, o el tema de la verificación de la edad, "que se muestra muy esquivo".

Además, recuerda que buena parte de la comunidad académica se ha mostrado crítica con una prohibición basada únicamente en la edad. "Tendría que ir acompañada de alfabetización digital y programas educativos en Internet”, apunta.

Una visión mucho más favorable es la que ofrece la psicóloga clínica donostiarra Maite Garaigordobil, quien califica el anuncio como “una noticia excelente, de gran relevancia social”. A su juicio, la prohibición y la persecución penal de las grandes tecnológicas “va a permitir proteger a los menores del uso nocivo de las redes sociales”.

Garaigordobil recuerda que numerosos estudios científicos han demostrado que las redes "están generando problemas serios como ansiedad, depresión, adicciones, trastornos de conducta alimentaria, ideación suicida o autolesiones”, y defiende que limitar el acceso en edades tempranas es una medida necesaria. “Las redes son adictivas y nocivas para los niños y adolescentes que están configurando su personalidad y afectan negativamente al desarrollo de la corteza prefrontal”, subraya.

La psicóloga valora además que España siga el camino de otros países: “Es una decisión valiente", siguiendo el ejemplo de algunos países como Australia, que ya ha prohibido el acceso, aunque esté teniendo problemas con los mecanismos de verificación de la edad. En este sentido, señala que Francia, Reino Unido y otros Estados “están evaluando regulaciones similares con límites en torno a los 16 años”, lo que abre “una línea esperanzadora ante un grave problema social”.

Desde el punto de vista jurídico, el fiscal de delitos informáticos de Gipuzkoa, Jorge Bermúdez, pide "prudencia" y recuerda que el anuncio todavía debe concretarse en una ley que tendrá que votarse en las Cortes Generales, y que requerirá mayorías reforzadas en el Congreso.

Bermúdez advierte de que la reforma afectará a múltiples ámbitos del ordenamiento jurídico: “Desde responsabilidades administrativas para las empresas que no cumplan las limitaciones, hasta el derecho fundamental al acceso a la información que también tienen los adolescentes”. En su opinión, este derecho debe equilibrarse con los riesgos actuales, en un contexto marcado por “la desinformación y los deepfakes potenciados por la inteligencia artificial”.

El fiscal recuerda además que ya está en marcha una iniciativa paralela para reforzar la protección penal de los menores en entornos virtuales. “Se contemplan medidas para quienes pongan a disposición de menores material pornográfico o utilicen deepfakes para vejarles o hacerles aparecer en contextos sexuales”, explica, calificando el conjunto de cambios como “una reforma muy compleja, no exenta de polémica”.

Desde el ámbito tecnológico, María Penilla, directora de Ziur, el centro de ciberseguridad industrial de Gipuzkoa, reconoce que la medida plantea importantes retos técnicos. “No es sencillo poner un límite de edad en este tipo de aplicaciones, ni siquiera definir qué es una red social y qué no lo es”, afirma.

Pese a ello, Penilla considera que el balance es positivo porque los menores" son un colectivo vulnerable y hasta ahora quizá no hemos sabido formarles adecuadamente en los riesgos que supone el uso de redes sociales”. En su opinión, retrasar la edad de acceso puede ser una oportunidad: “Nos da más tiempo para ser más eficientes, formarles mejor y hacerles conscientes de los riesgos y de las medidas que deben implementar como usuarios”.

“Desde el punto de vista de la ciberseguridad, es una medida muy positiva”, concluye.