Stop Desahucios: "No vamos a permitir que ninguna familia vulnerable sea desahuciada por la cerrazón de PP, VOX y Junts"

San Sebastián

Este viernes, Stop Desahucios de Gipuzkoa y las ocho familias que pueden ser desahuciadas se han convocado en la plaza del Boulevard de Donostia para defender su condición de vulnerabilidad, ratificada por informes emitidos por servicios sociales a petición del juez.

Rosa García, portavoz de Stop Desahucios, lanzaba tres mensajes. En el primero criticaba la actuación de "PP, VOX y Junts" por votar en contra del escudo social en un primer momento: "No vamos a permitir que ninguna familia vulnerable, con informes de vulnerabilidad acreditados, sea desahuciada sin alternativa habitacional por la cerrazón de tres partidos".

El segundo mensaje iba dirigido al Gobierno Vasco, a la Consejería de Vivienda y a los ayuntamientos tensionados: "No vamos a permitir que, en el caso de que haya desahucios, se queden durmiendo en la calle. Es obligación de las instituciones ofrecer una alternativa habitacional digna y adecuada". Además, criticaba que "el parque de alquiler está totalmente desbordado porque está en manos de especuladores que hacen que los alquileres sean impagables, lo que provoca que las personas tengan que dedicar más del 50% de su sueldo a esto".

La tercera llamada era de agradecimiento a los ayuntamientos tensionados por su esfuerzo en "solicitar que sean declarados zonas tensionadas y hacer unos planes urbanísticos muy prometedores para destinar suelo público municipal a la construcción de vivienda pública", algo que, según señaló, "el Partido Popular votó en contra".

"Una vez dicho esto, se llega a una conclusión: el PP, VOX y Junts, a nivel de Cataluña, con su actuación están demostrando que sirven a los intereses del negocio especulativo de grandes tenedores y que están en contra de la mayoría social", concluía de forma crítica.

Experiencias de las familias

Estos son Lorena, con hijos menores, de Irun, demandada por Kutxabank; Luis, de Donostia, por el fondo buitre Blackstone; Gloria, de Lasarte, con un menor; y Enrique y Lourdes, con otro menor a su cargo, de Errenteria, cuyo arrendador es Caixabank. Los dos primeros tienen el desahucio suspendido por el anterior escudo social.

Por otro lado, Carmen, con un hijo, y Jaime, ambos de Errenteria; Sandra y José; y Stephan y Grace, de Donostia, todos ellos con demandas por finalización de sus contratos pese a haberse acogido a las prórrogas extraordinarias que regula la Ley de Vivienda.

Carmen, una de las afectadas, afirmaba que "nos están tratando como mendigos y tenemos derecho a una vivienda digna". Además, criticaba la actuación de algunos partidos políticos porque "no quieren apoyar una ley para tener un piso digno. Deberían mirarlo un poco más porque están confundiendo a los que van de ocupas con personas que pagamos los alquileres".

También recriminaba la falta de pisos disponibles y los altos precios: "En un sitio donde antes pedían 700, ahora te piden 1.200, cuando eso es el salario mínimo", y subrayaba que "no es porque no pueda pagar un alquiler". Sobre la finalización de su contrato, lamentaba que "solo les importa ganar".

Enrique es otro de los afectados. En su caso, tiene fijada la fecha de desahucio para el próximo 5 de marzo. Un ERTE durante la época de la Covid-19 provocó que no pudiera mantener los pagos al día y que Caixabank optara por interponer una demanda para proceder a su desalojo.

El problema en el caso de Enrique es que un juez le retiró la condición de familia vulnerable. "El juez, en el juicio que tuvimos, dijo que no, porque afirmaba que mi mujer tenía unas propiedades, y eso es mentira", explicaba. Asimismo, aseguraba que "la única que me puede librar es La Caixa, quitando la denuncia, porque soy vulnerable".

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