El Ayuntamiento de Getxo refuerza su equipo jurídico en plena investigación por el derribo del palacete

Bilbao

El Ayuntamiento de Getxo ha iniciado un proceso para reforzar su defensa y representación jurídica. La iniciativa surge como respuesta a un escenario marcado por "un alto volumen de trabajo, una creciente complejidad técnica de los asuntos municipales y la imprevisibilidad con la que surgen nuevas necesidades legales". Este movimiento se produce en un contexto marcado por la crisis suscitada tras el derribo de un palacete protegido en Algorta, por el que tres técnicas municipales están siendo investigadas.

El acuerdo marco del Consistorio permitirá contratar servicios especializados en hasta seis áreas jurisdiccionales distintas. La institución subraya que las consultas y actuaciones jurídicas abarcan ámbitos muy diversos —urbanístico, administrativo, laboral, civil, mercantil y penal—. Son, en muchos casos, "de naturaleza variada, especializada y, en muchos casos, imprevisible en el tiempo y en el volumen de trabajo", tal y como recoge la licitación para este servicio a la que ha tenido acceso Radio Bilbao.

300.000 euros por reforzar su defensa

El Ayuntamiento reconoce que "carece de medios personales y materiales suficientes para cubrir de forma interna todas las necesidades de defensa jurídica y asistencia jurídica que se presentan en el ejercicio ordinario de sus competencias".

De esta forma, este mecanismo permitirá contar con profesionales en diferentes ramas jurídicas de manera inmediata. En palabras del documento oficial, la fórmula busca "contar con un mecanismo de contratación flexible y ágil que permita disponer de especialistas en cada rama jurídica cuando se requiera", además de asegurar la calidad técnica mediante profesionales cualificados.

La duración será de 12 meses prorrogables hasta un máximo de 48, el límite permitido por la Ley de Contratos del Sector Público. El valor estimado total asciende a 300.000 euros.

Escritos de impugnación

Esta medida se adopta en un clima marcado por el avance de la investigación del derribo del palacete Irurak Bat, cuyo proceso judicial ha tensionado la vida política municipal. La oposición pedía en bloque la dimisión de la alcaldesa en el último pleno.

Diez personas están investigadas por el derribo total de la edificación protegida, entre ellas tres técnicas municipales, tres concejales del PNV ya dimitidos y varios profesionales vinculados a la obra.

La Ertzaintza registró a mediados de enero hasta tres dependencias municipales en busca de documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la demolición. La Ertzaintza investiga si han cometido delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico, aunque todavía no ha podido acceder a todo este material.

Los investigados sostienen que estas actuaciones vulneraron derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la intimidad. Este supuesto los llevó a presentar recursos contra los registros. Ahora, el juez actual que instruye el caso debe analizar y decidir sobre estos escritos de impugnación.