El levantamiento del secreto del 23F reabre el debate sobre los archivos pendientes en Euskadi: PNV y EH Bildu exigen más desclasificaciones

La decisión del Gobierno de levantar el secreto oficial sobre el golpe de Estado del 23F ha vuelto a poner sobre la mesa una reclamación histórica en Euskadi: la apertura de otros archivos aún clasificados vinculados a episodios clave de la Transición y la lucha antiterrorista. PNV y EH Bildu han coincidido en valorar el paso como positivo, pero han reclamado ir más allá y extender la desclasificación a casos que afectan directamente a la memoria política vasca.

PNV: “Si hay voluntad política, se pueden abrir más archivos”

El Grupo Vasco ha recordado que lleva casi una década impulsando la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. Desde 2016 ha presentado cinco iniciativas parlamentarias y ha planteado en el Congreso la necesidad de desclasificar documentos relacionados con el asesinato de Mikel Zabalza, los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz, los Sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana.

Desde el PNV sostienen que el Gobierno ha alegado en reiteradas ocasiones falta de mayoría para reformar la ley, pero consideran que la desclasificación del 23F demuestra que el Consejo de Ministros puede actuar cuando existe voluntad política. Por ello, reclaman que se amplíe la apertura a otros expedientes pendientes y que se adapte la legislación española a los estándares democráticos europeos.

EH Bildu: abrir el 23F debe ser solo el primer paso

EH Bildu ha calificado la desclasificación como una “buena noticia”, pero ha advertido de que debe servir para esclarecer otros episodios que, a su juicio, la sociedad vasca “merece conocer”. La coalición soberanista ha citado expresamente el 3 de marzo, los Sanfermines del 78, el caso Zabalza y los documentos relativos a los GAL como ámbitos donde aún persiste el secreto oficial.

Para la formación, el paso dado con el 23F confirma que la apertura de archivos depende de decisiones políticas y no únicamente de limitaciones técnicas o legales.

Los expertos piden plazos claros y seguridad jurídica

Más allá de la batalla política, juristas consultados subrayan la importancia de fijar límites temporales objetivos para la clasificación de documentos. El catedrático de Derecho Constitucional Alberto Basaguren ha señalado que en las democracias consolidadas existen plazos máximos para desclasificar —habitualmente en torno a 25 años para documentos secretos y 10 para reservados—, evitando que el secreto se prolongue indefinidamente.

El exmagistrado y expresidente del TSJPV Juan Luis Ibarra ha considerado la medida “oportuna”, destacando que las sociedades democráticas deben permitir que las nuevas generaciones conozcan con rigor qué ocurrió en los episodios más controvertidos de su historia reciente.

El debate sobre la transparencia vuelve al centro político

La apertura de los papeles del 23F no solo reviste un valor histórico. En Euskadi reactiva un debate pendiente sobre memoria, derechos civiles y transparencia institucional. La cuestión ahora es si el movimiento iniciado con el golpe de Estado de 1981 se extenderá a otros capítulos que siguen bajo llave y que forman parte de la memoria colectiva vasca.

El foco vuelve a estar en el Gobierno central y en su disposición a avanzar en una reforma integral de la Ley de Secretos Oficiales o a utilizar, de nuevo, la vía del Consejo de Ministros para abrir más archivos.