El misterioso caso del "expediente durmiente" de Vitoria: el Ayuntamiento tarda 20 años en reclamar 1,8 millones de euros a una constructora

Vitoria-Gasteiz

No estamos hablando de calderilla. Son 1,8 millones de euros. Por ser exactos: 1.825.812 euros. La cifra es lo que la promotora inmobiliaria Zadure se comprometió a pagar al Ayuntamiento de Vitoria en un contrato firmado hace más de 20 años. En estas dos décadas, en el Ayuntamiento no hay constancia de que se haya reclamado a la empresa esta cantidad millonaria pendiente. ¿Por qué? Nadie en el Ayuntamiento lo ha aclarado hasta ahora. El concejal de Hacienda, Jon Armentia, lo ha llamado "expediente durmiente". Un expediente que despertó de su hibernación en diciembre pasado cuando el Gobierno municipal inició los trámites para reclamar esa cantidad, pero no lo va a tener fácil. La empresa ha recurrido en los tribunales y ha conseguido una primera victoria: la suspensión cautelar de la ejecución del aval que quería hacer el Ayuntamiento.

El origen está en un acuerdo que la constructora y el Ayuntamiento alcanzaron en 2002 para intercambiar una serie de propiedades. En la permuta, el Ayuntamiento entregaba a la empresa varias parcelas a cambio, entre otras cosas, de 18 viviendas de protección oficial (VPO) que se iban a edificar en la zona del Seminario. Más tarde, ese contrato se modificó para que, en vez de las viviendas, Zadure pagará al Ayuntamiento 1,8 millones de euros, el importe en el que se valoraron los pisos.

El acuerdo establecía que el pago se efectuaría en el momento en el que las viviendas fueran entregadas a sus propietarios. Las VPOs fueron "totalmente construidas y entregadas a sus adjudicatarios", relata la documentación interna del Ayuntamiento a la que ha tenido acceso la Cadena SER, pero la constructora no pagó al Ayuntamiento los 1,8 millones de euros.

Y pasaron 20 años.

El pasado 30 de diciembre, el Gobierno municipal, certificado que los 1,8 millones de euros nunca han sido ingresados en la tesorería municipal, acordó dar 10 días a Zadure para que hiciera el pago, y en caso contrario, iniciaría la incautación del aval que por ese mismo importe está depositado en Kutxabank. Y es lo que está intentando el Ayuntamiento de Vitoria después de que la empresa no haya hecho el pago.

La ejecución del aval, suspendida

Pero el Ayuntamiento todavía no ha logrado ejecutar el aval. Zadure ha presentado un recurso judicial ante en la sección civil del Tribunal de Instancia de Vitoria y, según consta en documentación municipal, la jueza encargada del caso ha aceptado la petición de la empresa de suspender cautelarmente la ejecución del aval. Para conocer la decisión judicial sobre el fondo del entuerto todavía habrá que esperar.

La empresa además ha presentado otro recurso ante el propio Ayuntamiento en el que Zadure aduce varios errores formales para solicitar la anulación de la reclamación del dinero. La empresa argumenta que no se han cumplido los plazos de notificación y que la junta de gobierno que lo acordó no se celebró de forma válida. Y además, en el recurso presentado ante el Consistorio, defiende que "el acuerdo es nulo porque la obligación contractual está claramente prescrita, habiendo decaído completamente el derecho del Ayuntamiento para exigir su cumplimiento".

Es más, Zadure considera que no existen estas obligaciones del contrato y que "el único acuerdo posible" es cancelar el aval retenido por el Ayuntamiento de Vitoria y devolvérselo a la empresa. Zadure ha comunicado al Ayuntamiento que se reserva el derecho de exigir una indemnización "por la demora en la devolución del aval".

La promotora considera que si el Ayuntamiento ejecuta el aval se podría causar "un daño irreparable" por la pérdida de una "cantidad millonaria y su reputación y solvencia ante sus acreedores". Zadure dice que no puede atender el pago y que, de verse obligada a ello, se vería abocada a "una previsibles insolvencia" y "un procedimiento concursal". El Ayuntamiento ha rechazado el recurso administrativo presentado por Zadure y, por tanto, la última palabra la van a tener los tribunales de justicia.

"Los expedientes no se duermen solos"

El concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha calificado este caso de "expediente durmiente". "Está desde hace muchos años y nosotros lo hemos despertado", explicó en la última comisión de Hacienda del Ayuntamiento a preguntas de EH Bildu, que el pasado mes de febrero desveló el escándalo. En las diferentes comparecencias no se ha explicado por qué se ha tardado tanto en reclamar los 1,8 millones.

"Los expedientes no se duermen solos, se les deja dormir", ha denunciado la concejala de EH Bildu, Aitziber Salazar. "¿Cómo es posible que al Ayuntamiento de Gasteiz le deban dos millones de euros durante más de 20 años y no pase absolutamente nada?", preguntaba, sin obtener respuesta, la edil abertzale.

Zadure vs EH Bildu

Zadure ha exigido además al Ayuntamiento de Vitoria que no difunda la identidad de "antiguas personas empleadas y representantes" de Zadure por vulnerar la Ley de Protección de Datos. Aunque no lo cita expresamente, la promotora hace referencia a algunas de las afirmaciones que la concejala de EH Bildu ha realizado en las últimas semanas. Salazar se ha ratificado en ellas tras conocer la petición de la empresa.

En concreto, Salazar recordó que el Ayuntamiento nombró en 2021 como directora de Urbanismo del Ayuntamiento a Almudena Sánchez, la hasta entonces gerente de Zadure. Sánchez era gerente de la promotora desde 2001 cuando 'fichó' por el Consistorio, pero abandonó el cargo por "motivos personales" apenas cuatro meses después de tomar posesión en el Ayuntamiento.

Un informe del secretario general del pleno, Martin Gartziandia solicitado por EH Bildu evidenció que existía un "conflicto de intereses" y que la directora de Urbanismo (con la denominación entonces de directora de Territorio) debía de abstenerse durante dos años de intervenir en aquellos expedientes y organismos en los que apareciera su antigua empresa. De hecho, el Gobierno de Urtaran decidió retirar a Almudena Sánchez de 12 juntas de concertación de Salburua y Zabalgana, las entidades que promueven las actuaciones urbanísticas y que están participadas por el Ayuntamiento de Vitoria y los promotores de la ciudad.

"Estamos hablando de una persona que temporalmente ocupó un cargo público de máxima responsabilidad en el área de urbanismo de este Ayuntamiento. Su vinculación no son datos privados, porque además su currículum, toda su trayectoria, su paso por el cargo directivo, son hechos que quedan en el currículum que todavía es público en la web. Por tanto, que no nos hablen de que estamos vulnerando la normativa de protección de datos", ha explicado Salazar.