El Gobierno vasco obligará a las academias a informar de que sus títulos no tienen validez oficial

Vitoria-Gasteiz

El Gobierno vasco ha iniciado los trámites para regular el derecho a la información y la protección de los intereses económicos de las personas usuarias de los centros privados que imparten enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con validez académica oficial. Lo hace por el notable aumento de los cursos a distancia. Entre otras novedades, el futuro decreto quiere prohibir la publicidad engañosa, que quede muy claro que con esos cursos no se obtiene un título con validez académica oficial.

El Ejecutivo argumenta la necesidad de un nuevo decreto "por el notable aumento de la contratación e impartición de cursos a distancia", así como por la necesidad de reforzar la información que ha de recibir la persona usuaria antes de contratar y en el propio contrato.

Según ha explicado en 'La ventana Euskadi' la directora de Kontsumobide, Ana María Sánchez Herráez, la nueva regulación se refiere a los centros privados que están impartiendo enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con validez académica oficial.

Los principales cambios que se quieren introducir tienen que ver con la transparencia. En primer lugar, detalla Sánchez Herráez, se hace mucho hincapié en la prohibición de la publicidad engañosa, por ejemplo, "no llevar a engaño cuando contratamos este servicio, que quede muy claro que no conduce a la obtención de un título con carácter oficial".

En segundo lugar, en el contrato deberá estar claro "que no estamos obligados a contratar la financiación con quien determine el centro". Sánchez Herráez recuerda que "tenemos que ser libres para poder contratar ese crédito o ese préstamo con otra entidad". En el contrato, además, deberá detallarse si el pago va a ser fraccionado o no; si se reserva la plaza con el pago; y si el usuario tiene derecho a recuperarlo si decide no formalizar el contrato.

Asimismo, los contratos deberán recoger el derecho de desistimiento que en esos 14 días posteriores a la firme delo mismo. También, que el arbitraje ya no está limitado por precio o contenido, sino que "cuando un centro está adherido al sistema de arbitraje cualquier tema puede ser objeto de una reclamación por arbitraje".

Finalmente, el nuevo decreto contemplará una ayuda a las personas con discapacidad, "para que ese alumnado con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica y poder contratar".

Toda esta información deberá ser visible tanto en carteles informativos en las academias, como también en la página web del centro.

El proyecto de decreto acaba de pasar el trámite de la consulta publica previa. Kontsumobide cree que podrá entrar en vigor en el último trimestre del año.