Cristina Laborda urge al Gobierno Vasco a reforzar la seguridad en Irun ante los últimos sucesos graves

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha exigido "un refuerzo de medios y presencia de la Ertzaintza para abordar la seguridad en el municipio". Tras una semana marcada por un homicidio con arma de fuego en la trasera del antiguo edificio de Aduana y una brutal agresión a un taxista, la primera edil ha instado al Gobierno Vasco a ofrecer respuestas claras que tengan en cuenta "la singularidad fronteriza de la localidad".

Exigencia de mayores recursos policiales

Cristina Laborda ha calificado como "un hecho muy grave" el reciente fallecimiento de un hombre por arma de fuego Irun, subrayando que sucesos de esta índole "no pueden tener cabida en la ciudad". La alcaldesa ha reconocido la "rápida intervención de la Ertzaintza" tras el incidente, pero ha recalcado que la seguridad "requiere avanzar más allá de la respuesta inmediata". En este sentido, ha reiterado la necesidad de "contar con más recursos y una mayor dotación de agentes", argumentando que la condición de frontera de Irun genera "unas necesidades específicas de gestión que no están siendo atendidas por completo".

La regidora ha lamentado que, a pesar de la presencia del consejero de Seguridad en la ciudad el mismo día de los hechos, no se abordaron de manera específica medidas concretas para el municipio. Laborda ha incidido en que "no se tienen novedades" respecto a las peticiones de incremento de medios trasladadas previamente al Gobierno Vasco y al Lehendakari. Pese a que los índices de delincuencia se sitúan en niveles similares a otras ciudades vascas, la alcaldesa insiste en que "Irun no es una isla" y requiere "soluciones adaptadas a su realidad geográfica y social".

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Impacto de la delincuencia en el entorno urbano

El contexto de inseguridad se ha visto agravado por otros sucesos recientes, como la detención de dos personas por estafar 28.500 euros tras el robo de un teléfono móvil y la denuncia de Radio Taxi Bidasoa sobre una "salvaje agresión" a un trabajador en la calle Pikoketa. La asociación de taxistas ha alertado sobre "una degradación social" que pone en riesgo a los profesionales que trabajan de cara al público, instando a una respuesta firme para evitar que el miedo se instale en las calles. Ante esta situación, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de "actuar en entornos sensibles como Vía Irun", colaborando con Adif para mejorar estos espacios mientras se ejecutan los proyectos urbanísticos definitivos.

La alcaldesa ha apelado a "la unidad de los grupos políticos en torno al Pacto por la Seguridad y la Convivenci"a, defendiendo que la seguridad es una responsabilidad que "interpela a todas las instituciones y a la sociedad en su conjunto". Aunque reconoce las limitaciones competenciales del consistorio, Laborda ha asegurado que "el Ayuntamiento seguirá reclamando de forma insistente el compromiso del Gobierno Vasco".