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Los trabajadores de Txinzer denuncian el bloqueo de la dirección y los ayuntamientos tras 115 días de huelga

La plantilla de Txinzer endurece su pulso contra la dirección y los ayuntamientos de Irun y Hondarribia tras 115 días de huelga, denunciando "mala fe negociadora" y una "preocupante falta de transparencia".

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La situación laboral en Servicios de Txingudi ha alcanzado un punto de no retorno tras confirmarse el bloqueo de las negociaciones entre la dirección de la empresa y la representación social. A pesar de la disposición reiterada de los trabajadores para buscar una salida acordada, el último encuentro mantenido ha ratificado la falta de voluntad real de negociación por parte de la gerencia de Txinzer. La central sindical ELA ha denunciado que la última reunión, celebrada "por deferencia", careció de contenido efectivo al no contar con la presencia de la gerente, el asesor jurídico ni la técnica externa, figuras clave con capacidad de decisión, lo que se interpreta como una estrategia consciente de dilación.

Falta de transparencia y acusaciones de mala fe negociadora

A la ausencia de interlocutores válidos se suma un episodio que el sindicato califica de "especialmente grave" y que "evidencia una falta absoluta de transparencia". La representación de los trabajadores asegura que "mientras la dirección evitaba el debate con la parte social, mantenía una reunión paralela con la asistencia técnica externa para avanzar en su propuesta de Valoración de Puestos de Trabajo (VPT)". Aseguran, asimismo, que solicitaron el acceso a dicho documento "para poder analizarlo", a lo que la empresa "se negó" alegando que "la información se iba a tergiversar". Desde el sindicato denuncian que este comportamiento vulnera el principio de buena fe contractual al ocultar datos relevantes mientras se finge avanzar en el proceso, impidiendo así una negociación real y eficaz.

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El pleno de Irun como escenario de reproche político

Este clima de confrontación tuvo su reflejo institucional el pasado viernes en el pleno del Ayuntamiento de Irun, donde la plantilla trasladó sus reivindicaciones de forma directa a la corporación. Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, denunció ante los concejales que los más de 100 días de huelga que ya acumulan "no son fruto del azar", sino de "una decisión política de desgaste" que calificó de "clasismo" en una entidad pública. Durante la sesión, los grupos de la oposición como EH Bildu, Elkarrekin Irun y el PP coincidieron en señalar que la prolongación del conflicto es "un recordatorio de una gestión deficiente", subrayando que la solución es una cuestión de "prioridad política y recursos". Por su parte, el equipo de gobierno formado por PSE y PNV apeló a la necesidad de "encontrar un equilibrio dentro de los márgenes de la legalidad".

Responsabilidad directa de las alcaldías del Bidasoa

Para la representación sindical, el bloqueo tiene responsables nombres y apellidos dentro de las instituciones locales. Al ser Txinzer una entidad pública que depende directamente de los ayuntamientos de Irun y Hondarribia, el sindicato señala a la alcaldesa Cristina Laborda y al alcalde Igor Enparan como responsables directos de la situación actual. ELA sostiene que ambos mandatarios "no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras avalan la gestión de una dirección que evita afrontar las reivindicaciones principales": la equiparación salarial, la recuperación del poder adquisitivo y la vinculación de los sueldos al IPC. Los trabajadores advierten que, mientras no se produzca una intervención política decidida, el conflicto y la huelga indefinida continuarán ante la falta de propuestas económicas mínimas sobre la mesa.

 

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