La fiscalía recurre todas las comparecencias en la investigación al hermano de Pedro Sánchez

Cáceres

La fiscalía provincial de Badajoz ha remitido un recurso de reforma y subsidiario de apelación al auto del pasado 27 de noviembre del Juzgado Nº3 de Badajoz por el que solicitaba la comparecencia en sede judicial como investigados de un total de 9 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y del hermano de Pedro Sánchez. Según el recurso se pide "la revocación del Auto que se recurre en el sentido de determinar los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados" y está firmado por la fiscal Begoña García Boro.

En tres folios la fiscal recusa esta llamada a comparecer de los investigados porque en el auto en ningún momento de individualiza e identifica los posibles delitos por los que se investiga a cada una de las personas, lo que puede poner en riesgo el derecho de defensa de los procesados.

En el recurso, al que ha tenido acceso la cadena SER, la fiscal destaca que el auto indica que hay <<"indicios racionales de criminalidad" por remisión no detallada al informe presentado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil>> pero que en el auto no se incluye cuales son los posibles actos criminales cometidos por los investigados, algo que la persona investigada "debe saber ab initio la "naturaleza y causa" de la acción ejercitada contra él y de los "hechos" que se le atribuyen".

Es por ello que la fiscal pide una mayor motivación de la comparecencia como investigados de estas personas y destaca que "motivar no significa "razonar todo" pero sí un mínimo de atribución indiciaria de unos hechos relevantes" aunque "no se formulen conexiones de tipicidad concretas". Algo que "no hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa" y que dicha omisión "debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones". En este sentido la fiscal alude a que "ni siquiera se indica los concretos delitos por los que se investiga a cada uno de ellos" por lo que no es válida la referencia que se realiza de forma genérica a "delitos contra la Administración Pública".