La Junta emite una resolución obligatoria para que cuenten con transporte escolar las rutas aún sin servicio

La Consejería de Educación ha emitido una resolución administrativa para adjudicar de forma directa las rutas de transporte escolar que estaban sin licitar, y de forma "obligatoria", a las empresas que no optaron a este proceso, pues se trata se trata de "un servicio publico esencial", ha afirmado la consejera, Mercedes Vaquera.

"Si no lo hacen -en referencia a esas empresas que no han optado y sobre la que ahora recae la resolución de prestación obligatoria del servicio-, se tomarán las medidas oportunas", ha remarcado Vaquera, al ser preguntada si la Consejería "garantiza a los padres que habrá un autobús para recoger a sus hijos".

Actualmente, y tras la última licitación de este martes -la número 10-, hay licitadas un total de 356 de las 579 rutas del transporte escolar para el presente curso, por lo que aún restan por fijar un total de 223.

"Somos conscientes del problema, pero hemos estado con la mano tendida, trabajando y adoptando medidas", ha dicho Vaquera.

La resolución administrativa establece la adjudicación directa a las empresas que "lo han venido realizando históricamente para cada una de las rutas", ha expuesto la consejera en alusión a las rutas que faltan por completar el para del transporte escolar.

Vaquera ha explicado que dicha resolución con carácter obligatorio está dirigida a un grupo minoritario de empresas que han decidido no acudir a la licitación a pesar de que se homologaron para este proceso.

"Hay una intención de un grupo minoritario de empresas de alterar el precio del servicio a través de coacciones y amenazas perjudicando el derecho de los alumnos", ha agregado la consejera.

Preguntada por las críticas de la oposición política a este proceso, Vaquera ha aseverado que el Gobierno extremeño ha venido trabajando constantemente para los alumnos tuvieran este servicio esencial.

Asimismo, ha expuesto que su Consejería está a la espera de la decisión de la Administración de Justicia después de que la Junta interpusiera una denuncia por la vía penal en la que se pide medidas cautelares para garantizar la prestación del servicio.