Organizaciones en defensa de la mujer piden una respuesta coordinada del sistema judicial y sanitario a la violencia vicaria

Badajoz

La necesidad de una respuesta coordinada entre el sistema judicial y el sanitario para proteger a las víctimas de violencia vicaria ha centrado las jornadas celebradas en Extremadura, impulsadas por la organización Mujeres Libres, Mujeres en Paz, presidida por la trabajadora social Ana María González Ortiz. El encuentro ha reunido a profesionales de la salud, del ámbito jurídico y a representantes institucionales con un objetivo de que se cumpla la ley y frenar una violencia “silenciosa y devastadora” que afecta tanto a las mujeres como, especialmente, a sus hijos e hijas.

La asociación nació en 2020 en Extremadura a raíz de un caso grave de violencia vicaria que derivó, según denuncian, en la condena judicial de la propia víctima. Desde entonces, la organización ha desarrollado campañas de sensibilización como “Mamá está castigada” y ha impulsado espacios de debate a nivel estatal, como el primer encuentro nacional sobre violencia vicaria y violencia de género institucional celebrado en Mérida en 2022, que contó incluso con la participación de la relatora especial de Naciones Unidas.

González Ortiz subrayó que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre los sistemas de protección. “Si el ámbito jurídico y el sanitario avanzan en paralelo y no de la mano, no vamos a erradicar nunca esta violencia”, afirmó. Según explicaba, el sistema de salud es el recurso más cercano y robusto para la detección temprana, presente en todos los territorios y con protocolos ya existentes, pero su actuación suele interrumpirse cuando el caso entra en el circuito judicial, dejando a las víctimas sin la atención continuada que necesitan.

La violencia vicaria, trasladaba la presidenta de Mujeres Libres, Mujeres en Paz, es una forma de violencia de género ejercida por el maltratador sobre los hijos, hijas u otros familiares con el objetivo de seguir dañando a la mujer, especialmente tras la separación. Desde 2015, la legislación española reconoce a los menores que viven en contextos de violencia de género como víctimas directas, pero, según denunció, esta protección “no se está aplicando de forma efectiva”.

La presidenta de la organización citaba cifras del Consejo General del Poder Judicial que indican que solo en el 0,23 % de los casos más graves con menores se adoptan medidas cautelares específicas para protegerlos, a pesar de que la ley establece la suspensión del contacto con el agresor salvo en circunstancias excepcionales.

Entre las formas de violencia vicaria desde la organización Mujeres Libres, Mujeres en Paz cuentan que muchas veces se hace de manera invisible, desde la negligencia médica intencionada, la prohibición de atención psicológica o el descuido en las condiciones básicas de vida, hasta graves secuelas emocionales, intentos autolíticos y, en los casos más extremos, abusos sexuales.

El encuentro contaba también con la participación de María Eugenia Prendes, fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer de la fiscalía general del Estado, quien destacó la importancia de estas jornadas como “el complemento imprescindible” entre lo jurídico y lo sanitario. Prendes insistió en que España dispone de “leyes muy buenas”, pero con una aplicación aún deficiente, condicionada por falta de recursos, estereotipos y carencias formativas.

Desde la Fiscalía han contado que, existe un compromiso firme con la formación obligatoria en perspectiva de género y de infancia para los fiscales que trabajen en esta materia. “La clave está en aplicar las leyes y vencer resistencias”, afirmó, subrayando también el papel del sistema educativo y de toda la sociedad en la detección temprana de situaciones de riesgo.