NUUR Extremadura, en contra de la exclusión de los migrantes saharauís del proceso de regularización
Piden al gobierno de España que corrija la redacción del decreto como "le piden sus socios"

Cadena Ser

Mérida
El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, cuyo plazo de solicitudes on line comenzaba el paso jueves 16 y que se podrá cumplimentar físicamente desde este 20 de abril, ha levantado ampollas también entre colectivos de protección de personas migrantes.
Es el caso del colectivo de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, debido fundamentalmente porque el decreto de regularización ha excluido directamente a los migrantes que tienen solicitado el estatuto de apátridas, "en el caso de nuestro país y casi en su mayor parte, ciudadanos saharauís", afirman desde lade la Coordinadora estatal de Asociaciones solidarias con el Sáhara.
"Lo que se hace con ese decreto es discriminar a la población saharaui directamente. Se les deja en una posición de indefensión. Es aceptar las normas que nos impone Marruecos", explica Juan Eusebio Solís, presidente de NUUR Extremadura. quien reitera que es una decisión "discriminatorio y carente de base jurídica", que deja en grave situación de vulnerabilidad a estas personas, la mayor parte de ellas con una importante relación emocional con España.
"Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de ellos entraban de manera regular en España, pero ahora es cierto que muchos llegan como ilegales, pero es que la situación en los campos no da para nada. No tienen una patria, no tienen un territorio. Los padres o los abuelos de todos los que vienen tienen un documento nacional de identidad española. Es una triste desgracia que unos, que son hijos de españoles o nietos de españoles, no tengan, no puedan ser recibir en España en las mismas condiciones" que el resto de los migrantes que están en el país, reitera.
Desde Nuur Extremadura esperan y confían que el Gobierno español reconsidere esa postura, "como le piden sus propios socios de gobierno" y tome medidas adicionales que no sacrifiquen los derechos de este colectivo, además de que se acorten los plazos -casi de tres años, las resoluciones respecto del estatuto de apátridas.




