A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica exige al Concello la retirada de la calle a Peñamaría de Llano
Ha dirigido una carta a la alcaldesa, Inés Rey, en la que le pide el cumplimiento del informe elaborado por el Instituto José Cornide
Isabel Bravo
A Coruña
La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha avanzado este miércoles que estudia emprender acciones legales si el Ayuntamiento no retira la calle y el retrato del exalcalde franquista Peñamaría de Llano y reclama actuar sobre 110 elementos que considera simbología franquista en la ciudad.
En una rueda de prensa, el presidente de la CRMH, Fernando Souto, ha explicado que el colectivo envió una carta a la alcaldesa, Inés Rey, para denunciar la situación actual, en la que esta entidad ve 110 elementos de simbología franquista en la ciudad.
Son, según sus cálculos, treinta calles, veinte retratos, veintiocho distinciones honoríficas, veintinueve escudos, placas y monumentos y tres centros de enseñanza.
"Mantener hoy las calles, distinciones honoríficas, retratos y todo tipo de simbología franquista es una auténtica indecencia, una indignidad, una humillación, una vergüenza y un insulto a la ciudadanía, especialmente a las familias de las personas represaliadas, que no puede permitir una sociedad demográfica", explica la misiva facilitada a los medios.
Souto ha explicado que la situación es "un claro ejemplo de incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica" y cree que es una cuestión de "falta de voluntad política".
Por eso motivo, reclama actuaciones del Ayuntamiento, de manera especial en el caso de Peñamaría de Llano, que tiene una calle y un retrato.
Avanza que en caso contrario, la CRMH "estudia emprender medidas legales ante el reiterado incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".
Sergio Peñamaría de Llano fue militar y alcalde de A Coruña entre 1959 y 1963 y participó, según la entidad, en la posguerra en la represión física en la comarca de Valdeorras como teniente al mando del I Tercio de III Bandera de la Legión.
La Comisión explica que desde la década de 1940 formó parte como fiscal en los consejos de guerra realizados en la dictadura, en los que asegura que solicitó penas de muerte en procesos realizados sin ningún tipo de garantías jurídicas.
