La Fiscalía abre diligencias de investigación para esclarecer lo sucedido el incendio de Pontesa

La Fiscalía de Pontevedra ha abierto una investigación tras el incendio ocurrido el pasado 6 de noviembre de 2022 en las instalaciones de antigua Pontesa, en Ponte Sampaio, en el que falleció un trabajador. Una vez cerrado el atestado policial, el Ministerio Fiscal ha decidido abrir diligencias de investigación para determinar si hubo ilícito penal.

Un fuego que causó la muerte de un trabajador del Grupo Nogar, concejal socialista en el ayuntamiento de Marín y daños muy cuantiosos en las instalaciones. Los bomberos de Pontevedra emplearon veinte días para su extinción, mientras el Ayuntamiento adoptaba medidas sancionadoras contra la empresa del grupo Ceferino Nogueira por supuestas irregularidades en el almacenaje de toneladas de graneles, tanto en Pontesa como en la Cross.

El fuego comenzó el domingo día 6 de noviembre a primera hora de la tarde. Cuando los bomberos de Pontevedra y operarios del grupo Nogar de Marín intentaban sofocar las llamas, una explosión causó quemaduras a tres personas. El más grave fue Benito González Dopazo, persona de confianza en el grupo Ceferino Nogueira. Sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo y a pesar de su inmediato traslado a la unidad de quemados del hospital Juan Canalejo de Coruña, falleció a los dos días. Era además concejal del PSOE en Marín donde la noticia provocó un shock entre sus compañeros de trabajo, pero también en el PSOE y entre toda la corporación que celebró un pleno extraordinario para decretar dos días de luto oficial.

El incendió alcanzó unas dimensiones no previstas al estar la nave industrial llena de cereales hasta el techo, almacenando unas 40.000 toneladas de cebada y girasol principalmente. El gabinete de emergencias del Concello de Pontevedra llegó a barajar el confinamiento de toda la población del entorno por la toxicidad del humo, mezclado con el amianto de la cubierta. Según explicó la concejala de seguridad Eva Vilaverde, los bomberos se encontraron con un polvorín.

La extinción total del incendio duró 21 días hasta que pudieron ser retiradas las 40.000 toneladas de cereales que seguían ardiendo en su interior.

Ante la gravedad del suceso, desde el ayuntamiento se abrió un expediente sancionador contra el Grupo Nogar, que tenía alquiladas esas instalaciones como almacén de graneles, según el gobierno local sin las medidas de seguridad necesarias, y sin la correspondiente licencia.

Una supuesta falta total de medidas de seguridad, que según la concejala Eva Vilaverde obligó al Concello a mantener un dispositivo extraordinario para extinguir totalmente el incendio, con el consumo de 3,5 millones de litros de agua, un tercio de lo que consume todo el Concello de Pontevedra en un día.

El propio alcalde de Pontevedra calificó los hechos como una “ilegalidad manifiesta”; y pidió a Costas y a la Xunta que, como administraciones responsables de los terrenos y de la seguridad industrial, adopten las sanciones correspondientes contra el grupo Nogar por unas infracciones que consideró muy graves. La empresa Nogar se limitó a decir a través de un comunicado que cumplía con todas las medidas de seguridad necesarias y que tenía todos los permisos en regla.

Pero el Ayuntamiento de Pontevedra fue más allá. Decretó también el registro y el cese de actividad en las instalaciones que el Grupo Nogar tiene en su complejo industrial de A Xunqueira de Alba, en Campañó, donde almacenaba otras 96.000 toneladas de cereales, según los técnicos municipales sin las condiciones de seguridad adecuadas. El ayuntamiento señaló también que esas naves no tienen licencia para el almacenamiento de graneles, ya que la licencia de actividad es de los años 50 para la elaboración de productos químicos en la antigua planta de la Cross.

En todo caso, la empresa NOGAR presentó un recurso contra la resolución municipal y, en otro comunicado, anunció llevar al Concello ante los tribunales alegando que sus instalaciones de La Cross cumplen con todos los parámetros de seguridad exigidos. Falta por conocerse si la Xunta y Costas del Estado adoptarán o no alguna medida contra la empresa, en un caso que todo apunta a que tardará tiempo en cerrarse.