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El fiscal de violencia machista denuncia las malas condiciones del juzgado de A Coruña

Asegura que las instalaciones no garantizan "los derechos fundamentales" de las mujeres víctimas y de sus hijos

Fernando Martínez, fiscal delegado de violencia machista en Galicia

Fernando Martínez, fiscal delegado de violencia machista en Galicia

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A Coruña

El fiscal de violencia de género de la provincia de A Coruña, Fernando Martínez, ha denunciado las malas condiciones del juzgado de violencia machista con sede en el antiguo registro civil de A Coruña.

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En una entrevista en Hoy por hoy en Las Rías ha afirmado que cada año denuncia la situación en la memoria de su departamento sin que haya reacción. Considera que el juzgado debería ubicarse en instalaciones apartadas del resto, como los juzgados de menores. Incluso en un edificio distinto con suficientes condiciones para asegurar el bienestar de las víctimas.

Fernando Martínez considera que en la actualidad "no hay garantías" para los derechos de las mujeres víctimas y sus hijos en las condiciones actuales. Hay en ocasiones hasta ocho víctimas en unas instalaciones minúsculas en relación con las necesidades. La competencia sobre las instalaciones es de la Xunta, recuerda, aunque cree que la situación es generalizada en España y debe intervenir en su solución también el Estado.

La provincia de A Coruña concentra el 56 por ciento de todos los escritos de acusación de la fiscalía por violencia machista de Galicia. Señala que hay más denuncias porque hay más concienciación y más recursos de la policía y los servicios sociales.

Explica que en casos de riesgo alto y extremo desde la fiscalía de Galicia se decide ofrecer a las mujeres víctimas la colocación de una pulsera telemática como medida cautelar, que detecta la promicidad de su presunto agresor. Ayer se colocaron dos dispositivos telemáticos. Ninguna mujer que tuviera esta pulsera, subraya, ha fallecido.

Las denuncias por violencia machista aumentaron en Galicia un 14% en el tercer trimestre de 2022, según datos facilitados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las ordenes de protección solicitadas por víctimas de malos tratos rozaron el medio millar -concretamente 492- de las que fueron concedidas más de la mitad. Veintidós menores estaban a cargo de mujeres cuando éstas fueron víctimas de violencia machista.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, los penales y las audiencias provinciales aprobaron el 62% de las órdenes de protección pedidas por las víctimas. El balance presentado por el TSXG indica que los órganos judiciales gallegos dictaron 471 sentencias, de las que el 78´7% fueron condenatorias.

 
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