La Audiencia da 5 días para el ingreso en prisión del exfuncionario condenado por "enchufar" a la cuñada de Carmela Silva
El tribunal considera que debe entenderse como desestimada la petición de indulto tras un año sin respuesta
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Los dos acusados durante la celebración del juicio / Salvador Sas EFE
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra da un plazo de 5 días para el ingreso voluntario en prisión del exfuncionario del Concello condenado a más de 5 años de cárcel por "enchufar" a la cuñada de la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una concesionaria municipal.
El plazo para que el condenado ingrese en prisión empezaría a contar al día siguiente de que le sea notificado este auto, que fue publicado el pasado 11 de abril, aunque ha sido firmado electrónicamente por los magistrados entre este martes 18 y miércoles 19. En su resolución, la Audiencia Provincial señala que, transcurrido más de un año desde que el exfuncionario pidió el indulto, debe darse por desestimada esa solicitud.
La Sala procede a cumplir la condena impuesta y le da 5 días al exfuncionario para que ingrese en un centro penitenciario "apercibiéndole de que, en caso de no verificarse, se darán las órdenes oportunas para su busca, captura e ingreso en prisión".
Condena y petición de indulto
El exfuncionario fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión, además de 9 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, mientras que el gerente de la empresa que contrató a la familiar de Carmela Silva fue condenado a 1 año y medio de cárcel, y a 2 años de inhabilitación.
Ambos solicitaron el indulto parcial y, en el caso del exfuncionario, dicha solicitud estuvo rodeada de polémica porque, entre los argumentos que utilizó para pedir la medida de gracia, además de su edad, su falta de antecedentes o el abono de la responsabilidad civil, también apuntó su militancia en el PSOE y su pertenencia a UGT.
La polémica se incrementó al hacerse público que varias decenas de entidades vecinales, sociales y culturales de Vigo, que reciben subvenciones por parte del Concello, remitieron cartas de adhesión a esa petición de indulto, todas con la misma redacción. El PP insinuó en ese momento que las asociaciones estuvieron presionadas por el entorno del gobierno municipal para remitir esos escritos y apoyar el indulto del exfuncionario.
Con todo, y ante esa solicitud de indulto, la Audiencia acordó hace un año la suspensión del ingreso en prisión del funcionario mientras el Consejo de Ministros no se pronunciase sobre la medida reclamada.
