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La Xunta asegura que ha paralizado parcialmente las obras del parque eólico del Monte Acibal, en Moraña

El Conselleiro de Industria afirmó que se está estudiando la recolocación de uno de los eólicos para no afectar a los petroglifos de la zona

El vicepresidente de la Xunta aseguró en Radio Pontevedra que la Xunta ha paralizado parcialmente las obras del parque eólico que está en construcción en el monte Acibal, en Amil. Francisco Conde matizó no obstante que se trata de una paralización parcial, solo en la zona donde aparecieron los últimos petroglifos.

El conselleiro de Industria aseguró que se van a “respetar los hallazgos arqueológicos, del mismo modo que se está haciendo con la totalidad de los proyectos ya aprobados”. En este caso, explicó que se está replanteando la ubicación de uno de los eólicos que estaba previsto instalar en la zona donde se localizaron restos arqueológicos, para preservar el patrimonio.

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Francisco Conde dejó claro que la implantación de parques eólicos en Galicia es un proceso “irreversible”, porque la Comunidad no puede quedar al margen de la producción de energías renovables, en el momento en que desaparezcan las energías fósiles.

Afirmó que todos los proyectos eólicos cuentan con los informes ambientales necesarios que garantizan la compatibilidad entre el desarrollo energético con el cuidado del medio ambiente y el patrimonio. Finalmente aseguró que los parques eólicos serán una fuente de riqueza para Galicia, porque aportan beneficios directos para los ciudadanos y para las empresas. Aventuró una progresiva rebaja en el precio de la luz, además de los impuestos que abonarán las empresas y las compensaciones económicas que recibirán los titulares de los montes.

En el debate eólico ha entrado también el sindicato Labrego Galego, que cuestiona la aprobación de los últimos proyectos por parte de la Xunta.

El sindicato agrario exige transparencia e información detallada sobre el proceso de aprobación de los últimos 75 polígonos industriales anunciados por Alfonso Rueda el pasado 26 de abril. Este sindicato asegura que se trata de “una aprobación en masa únicamente para cumplir con los plazos administrativos”, pero entiende que “sin informes ambientales rigurosos”.

 
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