El Ministerio de Pesca sale en defensa de la legalidad en el Puerto de Vigo
Asegura que precisamente por ser el mayor puerto pesquero de Europa, los controles son más exhaustivos que en ninguno otro
Vigo
Después de que National Geographic decidiese retirar de su web el avance del documental en el que acusaba al Puerto de Vigo de ser la principal puerta de entrada de la pesca ilegal en Europa, el gobierno de España ha enviado, como respuesta a las preguntas realizadas desde Radio Vigo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un comunicado defendiendo el importante trabajo que se realiza desde el puerto vigués en defensa del control pesquero contra la entrada de pescado ilegal.
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En el comunicado, recuerdan que "El puerto de Vigo es el de mayor volumen y valor de productos pesqueros de la Unión Europea. Por este motivo, las medidas de control y seguimiento son más exhaustivas aún si cabe, tal y como pudieron comprobar el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, Virginius Sinkevicius, y todos los ministros de pesca de la Unión Europea, en la visita que realizaron el pasado 18 de julio con motivo de la celebración de la Cumbre informal de Ministros de pesca, dentro de la presidencia de turno española" y aseguran que "España ejerce un liderazgo indiscutible a nivel internacional en la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) Esta actividad es una de las mayores amenazas de los océanos, puesto que está poniendo en grave riesgo la supervivencia tanto de las poblaciones de las especies marinas como la de sus hábitats naturales, y especialmente la de las comunidades humanas que tradicionalmente han dependido de ellas".
"La mayor operación llevada a cabo hasta el momento contra la pesca ilegal"
En su respuesta, fuentes del Ministerio aseguran que "sobre la existencia de una supuesta mafia dedicada a la captura ilegal y comercio de merluza negra (Dissostichus), una especie de gran valor comercial, cabe recordar que España desarrolló entre los años 2015 y 2018 la mayor operación llevada a cabo hasta el momento contra la pesca ilegal, conocida coloquialmente como “SPARROW”, en la que se investigaron las actividades, antecedentes, responsables y posibles vínculos con España de varios buques, abanderados en terceros países, pertenecientes a la lista negra de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCMLR, en sus siglas en inglés), zona en la que habitualmente se captura esta especie". "Esta operación, que supuso un punto de inflexión en la cooperación internacional en la lucha contra la pesca ilegal, se resolvió con una de las mayores sanciones económicas impuestas hasta el momento por valor superior a los 32 millones de euros, inhabilitaciones para el ejercicio de actividades pesqueras por un período de 5 a 23 años y la prohibición de obtener subvenciones por períodos de entre 6 a 24 años. Estas sanciones administrativas fueron avaladas posteriormente por la Audiencia Nacional".
Además, también se aclara que "por otra parte, la Unión Europea y España tienen prohibido mediante norma la realización de transbordos en alta mar. Para garantizar el cumplimiento de esta prohibición se utilizan diversos métodos que son el control de posición a través del sistema de localización de buques vía satelital, el control de las capturas que los capitanes de los buques pesqueros deben transmitir de forma diaria, y el control de las cantidades declaradas en el momento del desembarque". Finalmente, las mismas fuentes advierten que "España realiza un control del 100 % de las de las capturas realizadas por buques de otros países, para lo que revisa los certificados de capturas y del resto de la documentación asociada a todas las importaciones, y con verificaciones adicionales sobre esta documentación con las autoridades competentes de terceros países".
Para finalizar, las mismas fuentes recuerdan: "El servicio de inspección pesquera español, compuesto por personal altamente cualificado y de gran experiencia, está acreditado con la certificación ISO 9001 desde el año 2016 para las áreas de control, inspección pesquera y lucha contra la INDNR, que garantiza la aplicación de unos rigurosos estándares en la gestión y control de la flota pesquera, el consumo de las cuotas, el exhaustivo control de los productos pesqueros que entran en la Unión, así como la investigación y sanción de las actividades sospechosas. El buen resultado de estos controles realizados por España para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada ha sido reconocido recientemente a través del Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 20/2022".