El Concello y la Xunta firmarán un convenio para ofrecer soluciones a los afectados por el incendio de Vigo
Ambas administraciones han accedido a firmar un convenio para financiar una solución de vivienda para estas familias
La Xunta y el Concello de Vigo se han reunido este miércoles para abordar la situación de las familias desalojadas tras el incendio del edificio de Alfonso X el Sabio en Vigo en el que fallecieron una madre y tres de sus hijos.
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El encuentro ha tenido lugar días después de que ambas administraciones comenzasen a intercambiarse misivas instándose mutuamente, instándose a asumir responsabilidades y a aportar soluciones para estas familias que, recordamos, habían sido desalojadas previamente de un poblado chabolista del Polígono do Caramuxo.
A la cita acudieron, entre otros, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y por parte del concello, la concejala de Benestar Social, Yolanda Aguiar, y la cuarta teniente de alcalde, María José Caride. Sobre la mesa, la necesidad de encontrar soluciones habitacionales urgentes, en la ciudad, para los afectados.
Falta de acuerdo en competencias
Esta reunión ha finalizado con el acuerdo de firmar un convenio de colaboración que dé soluciones a las familias. Algo que, esperan, pueda cerrarse en la próxima reunión. Aún así, ha habido falta de acuerdo sobre las competencias de cada una de las administraciones.
El concello se ha comprometido a enviar a la Xunta toda la documentación de las familias afectadas, ya que desde la Xunta dicen desconocer si los afectados perciben en la actualidad alguna prestación pública. Por su parte Ana Ortiz señalaba al concello, argumentando que las competencias en servicios sociales son municipales, mientras Yolanda Aguiar, concejala de Benestar Social, indicaba lo contrario y señalaba que las competencias de vivienda son de la Xunta de Galicia.
Desde el Concello solicitan a la Xunta que se adjudiquen a los afectados pisos de promoción pública en régimen de alquiler social, de forma directa, ya que según Aguiar, la ley permite esta asignación al tratarse de una situación "extraordinaria" y de un colectivo "profundamente estigmatizado y con muchas dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre".
