El fallecimiento de un acusado y la enfermedad del otro fuerzan la suspensión de un juicio por ocultación de bienes en Vigo
Los acusados, socios en una firma, debían declarar este miércoles por eludir el pago de 735.000 euros a Hacienda
El juicio señalado para este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, contra dos empresarios acusados de un delito de frustración de la ejecución, por ocultar supuestamente sus bienes para eludir un pago de 735.000 euros a Hacienda, ha sido suspendido.
Así, uno de los acusados ha fallecido, mientras que el otro está enfermo, motivo por el que la vista de este jueves ha tenido que ser suspendida.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos acusados eran socios de una firma cuyos únicos bienes eran unos inmuebles que le vendieron a otra empresa el 12 de mayo de 2017, al precio de 3,5 millones de euros, más 735.000 euros de IVA.
Los 3,5 millones fueron abonados en tres cheques, que los acusados destinaron a cancelar las cargas hipotecarias de los inmuebles, mientras que los 735.000 euros del IVA también los cobraron en tres cheques. Dos ellos, por importe total de casi 90.000 euros, los destinaron a pagos al concello de Vigo y a la propia empresa compradora de los inmuebles por unos gastos de provisión de fondos para la cancelación de la hipoteca.
El resto del dinero, 645.232,22 euros, se lo repartieron entre los dos acusados, y lo hicieron 'desaparecer' de su patrimonio. Así, uno de ellos cobró una parte mediante talones bancarios y el resto lo transfirió a una sociedad de su hija para la supuesta devolución de un préstamo; mientras que el otro fue sacando su parte del banco en retiradas sucesivas de efectivo, y se perdió la pista del dinero.
De este modo, a 17 de mayo de 2017, la cuenta de la empresa de ambos estaba a cero. En julio de ese año la empresa presentó autoliquidación del IVA por la venta de sus inmuebles, pero no llegó a ingresar esos 735.000 euros, y no tenía bienes para responder ante Hacienda por esa deuda, declarando la imposibilidad del pago.
Por estos hechos, la Fiscalía los acusa de un delito de frustración de la ejecución y pide para cada uno de ellos la pena de 4 años de cárcel, y multa de 5.400 euros, mientras que para la empresa de la que eran administradores pide multa de 9.720 euros.
