La Xunta de Galicia da luz verde ambiental al PIA, Proyecto de Interés Autonómico, del Monte Mero
Los vecinos afectados por la futura urbanización de Monte Mero han iniciado una recogida de firmas contra el derribo de sus viviendas
A Coruña
La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al PIA, Proyecto de Interés Autonómico, del Monte Mero de A Coruña con el que pretende urbanizar suelo para construír 4.000 viviendas, el 80 por ciento en régimen de protección pública en A Coruña. La Consellería de Medio Ambiente considera que no son previsibles efectos adversos significativos. Señala no obstante que el estudio ambiental incluye medidas a adoptar para paliar problemas como el ruido o mejorar la movilidad en la zona así como las necesidades de saneamiento y abastecimiento. Tras su puesta en conocimiento del promotor, el Instituto Galego da vivenda e solo, junto con los informes de la fase de consultas previas se procederá a su publicación en el DOG.
Asegura la Xunta que tanto el borrador del PIA como el documento ambiental estratégicose han publicado en el portal web de la Consellería. Explica que el ámbito de actuación del PIA es un espacio de más de 40 hectáreas de extensión entre el barrio de Xuxán, las antiguas instalaciones de la fábrica de armas donde se ubica la futura Cidade das TIC y las áreas de Montserrat y Pedralonga. Los estudios de la Xunta señalan que el suelo afectado en la zona de Monte Mero está conformado fundamentalmente por "terrenos de naturaleza rústica de carácter agropecuario residual". Refleja la presencia "dispersa de alguna edificación de pequeño tamaño". El PIA establece como uso predominante el residencial, así como usos terciarios y reservas de suelo para equipamientos comunitarios e infraestruturas de servicios.
Los vecinos afectados por la futura urbanización de Monte Mero han iniciado una recogida de firmas contra el derribo de sus viviendas en Monte Mero, Chan da Agra, O Foxo y parte de Pedralonga. Son unas doscientas personas a las que la Xunta ha comunicado que decretará la expropiación forzosa de sus casas que se pagarán como suelo rústico y tendrán que convertirse en promotores, pagando gastos de urbanización con dinero que no tienen, si aceptan la alternativa que ofrece la administración en la zona de Pedralonga.
