“Victoria cívica”: las reacciones a la devolución del Pazo de Meirás al Estado

A Coruña

"Una victoria cívica" es lo que supone la sentencia del Tribunal Supremo que ha decidido por unanimidad confirmar la resolución de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás. Lo es para los colectivos memorialistas, fundamental en la recuperación del Pazo para el patrimonio público, y también para Carlos Babío, principal promotor de los estudios que permitieron confirmar que el paso del Pazo de Meirás a manos del dictador y su familia no fue producto de una colecta sin presiones con aportaciones del pueblo de A Coruña, sino del descuento de las nóminas de funcionarios como los de la Diputación e incautaciones de terrenos aledaños en la zona. El fallo del Supremo ha sido adoptado por unanimidad.

Babío, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y autor del libro “Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio”, considera que el reconocimiento sobre la propiedad del Pazo, tras un reguero de recursos y sentencias, es la culminación de un proceso que habla de regeneración democrática.

El Supremo confirma la propiedad estatal

La Sala Primera del Tribunal Supremo respalda íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. El tribunal concluye que el Pazo nunca estuvo realmente a nombre de Francisco Franco, ya que la donación realizada en 1938 por la denominada Junta Pro Pazo del Caudillo no constituía un título jurídico válido para transmitir la propiedad.

Además, el fallo señala que desde ese momento el inmueble estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una residencia institucional similar al Palacio de El Pardo, por lo que sus ocupantes no podían considerarse propietarios.

Indemnización a la familia Franco

La sentencia también establece que los herederos del dictador deberán devolver la posesión del inmueble, aunque tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos “necesarios y útiles” realizados en el Pazo, al considerar el tribunal que actuaron como poseedores de buena fe.

Esta consideración se basa en la postura mantenida en su momento por la Abogacía del Estado y en el informe jurídico elaborado por la comisión de expertos creada por el Parlamento de Galicia para estudiar la recuperación del Pazo.

Los Franco han llegado a reclamar hasta 800.000 euros en concepto de indemnización, una cuestión que ahora deberá resolverse en la ejecución de la sentencia.

Una sentencia “histórica”

Para el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago, Emilio Grandío, el fallo del Supremo consolida todo el proceso judicial y social desarrollado durante los últimos años.

Según explicó en una entrevista en Hoy por Hoy A Coruña, la unanimidad del tribunal refuerza el carácter histórico de la decisión.

Grandío considera que la sentencia reafirma la diferencia entre democracia y dictadura y demuestra la madurez democrática de la sociedad española al abordar la recuperación de un bien vinculado al franquismo.

Además, el historiador cree que el proceso puede servir de precedente para otras reclamaciones patrimoniales relacionadas con el franquismo, como el caso de la Casa Cornide o la devolución de bienes vinculados al Pazo.

Reacciones políticas

La sentencia ha provocado una cascada de reacciones políticas. El ministro Ángel Víctor Torres afirmó que “libertad y dictadura son contrarios”, al valorar la decisión del Supremo.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha destacado que se trata de “la primera gran batalla ganada a los Franco desde Galicia” y ha pedido que el Pazo se dedique a la recuperación de la memoria histórica.

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, recordó las resistencias políticas que encontró el proceso durante su tramitación.

Sada pide ejecutar la sentencia “cuanto antes”

El alcalde de Sada, Benito Portela, ha reclamado al Estado que active de forma inmediata la inscripción del Pazo en el Registro de la Propiedad para ejecutar la sentencia.

El Concello de Sada, personado desde el inicio en el procedimiento judicial, mantiene además su postura crítica con la consideración de que los Franco actuaron de buena fe, lo que abre la puerta a una indemnización.

Portela defiende que el Pazo de Meirás debe convertirse en una referencia internacional de la memoria democrática, un espacio para explicar la historia del lugar, desde su vinculación con Emilia Pardo Bazán hasta su papel durante la dictadura y el proceso social que permitió su recuperación para el patrimonio público.