La Comisión pola Memoria pide al Gobierno coordinarse con los colectivos para evitar indemnizaciones a los Franco por Meirás
La entidad memorialista pide al Ejecutivo preparar la liquidación del estado posesorio para evitar que la familia del dictador reciba compensaciones por el mantenimiento del inmueble
FOTODELDÍA SADA (A CORUÑA), 12/03/26.- Vista de la fachada del Pazo de Meirás este jueves, en el concello coruñés de Sada. El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás. La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble. EFE/Cabalar / Cabalar (EFE)
A Coruña
La Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica ha pedido al Gobierno central que retome la coordinación y el diálogo con los colectivos memorialistas para afrontar la fase judicial abierta tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Pazo de Meirás.
El alto tribunal contempla la posibilidad de que la familia Franco reciba una indemnización por los gastos de mantenimiento del inmueble, algo que las entidades memorialistas consideran que debe combatirse jurídicamente.
La comisión cree que el Estado debe centrar ahora sus esfuerzos en preparar la liquidación del estado posesorio del pazo, el procedimiento que debe determinar si los Franco tienen derecho a reclamar gastos o, por el contrario, si deben compensar al Estado por los ingresos obtenidos durante los años en los que ocuparon la propiedad.
Según el presidente de la comisión, Carlos Babío, existen garantías jurídicas para ganar esta batalla.
Babío recuerda que durante el tiempo que la familia Franco ocupó el inmueble también obtuvo ingresos, algo que —afirma— debe reflejarse en el proceso de liquidación.
Evitar errores del pasado
El presidente de la comisión advierte de que es fundamental una buena coordinación institucional para evitar errores como el que, a su juicio, se produjo en la fase prejudicial del proceso, cuando la Abogacía del Estado calificó a los Franco como poseedores de buena fe.
Babío explica que la sentencia del Tribunal Supremo debe ahora volver al juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña, que fue el que dictó la resolución inicial sobre la propiedad del pazo.
Ese juzgado deberá abrir una pieza separada para iniciar el procedimiento de liquidación del estado posesorio. En ese proceso, la familia Franco presentará una propuesta de liquidación que posteriormente deberá ser analizada y respondida por las partes.
El Gobierno anuncia batalla judicial
En una entrevista emitida este domingo en la Cadena SER, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que el Gobierno dará la batalla jurídica para evitar cualquier indemnización a la familia del dictador.
“Vamos a dar la batalla. No puede ser que tengamos que indemnizar a los Franco”, afirmó el ministro.
Torres anunció que la Abogacía del Estado se personará para oponerse a las reclamaciones de la familia y defendió que el proceso judicial todavía tiene recorrido.
“Seguiremos defendiendo los intereses públicos; nos vamos a personar y será la Audiencia Provincial la que tendrá que dilucidar en ese aspecto”.
El ministro reconoció además que la posibilidad de una indemnización ha generado malestar social, algo que asegura comprender.
El futuro del Pazo de Meirás
Sobre los futuros usos del inmueble, Torres defendió la necesidad de mantener el consenso institucional y social que permitió recuperar la propiedad del pazo para el Estado.
El ministro aseguró que el Gobierno no escatimará recursos para su conservación y apertura al público, aunque evitó comprometer una posible transferencia de la titularidad a Galicia, como reclama el BNG.
