La Fiscalía de Pontevedra asegura que mantiene abierta la investigación sobre la agresión a una menor en la praza de Barcelos

La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha informado este viernes de que mantiene abiertas diligencias de investigación preliminares para aclarar lo sucedido al respecto de la agresión a una menor por parte de compañeros y compañeras de su centro educativo en la praza de Barcelos.

De esta forma, el Ministerio Fiscal asegura estar investigando los hechos, ocurridos el pasado 6 de marzo, con dos posibles delitos presentes: un delito de lesiones y otro contra el honor y la intimidad, debido a la difusión de las imágenes.

Inimputables por edad

El asunto lo lleva la Fiscalía de Menores de la Fiscalía Provincial de Pontevedra que es quien, en colaboración con la Policía Nacional, está investigando lo sucedido. Con todo, y según los primeros indicios, la acusación pública informa de que la mayor parte de los implicados son menores de 14 años, a la vez que aclaran que al tener esa edad son inimputables desde el punto de vista penal.

De esta forma, la ley establece los 14 años como el límite mínimo para adquirir la madurez necesaria para ser responsable ante el Código Penal. El sistema jurídico considera que no tienen la madurez psicológica ni emocional suficiente para comprender plenamente la ilicitud de sus actos ni las consecuencias legales de los mismos.

Por debajo de esta edad, se asume un "déficit de culpabilidad" que impide aplicarles sanciones penales, priorizando su formación y protección sobre el castigo. Se busca que un error a una edad temprana no condicione permanentemente su futuro con antecedentes penales, los cuales no existen para este tramo de edad.

La Fiscalía sale al paso

Así, la Fiscalía ha enviado un comunicado tras las críticas de los familiares de la agredida, después de se anunciase el archivo del caso. La acusación pública ha informado de que los hechos no quedarán sin respuesta. “La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM) contempla la intervención de la Fiscalía de Menores. La Fiscalía investiga los hechos, tras ser notificados por la policía, y, en caso de que sean menores de 14 años, tiene la obligación de archivar el expediente de reforma (penal) y remitir la información a las entidades de protección de menores de la Comunidad Autónoma, en este caso la Xunta. No obstante, el Fiscal no se limita a cerrar el caso”, han aclarado.

De esta forma, defienden que su función principal es actuar como puente hacia el sistema de protección y activarlo. La administración autonómica es la competente desde este momento del asunto que, tras analizar el entorno familiar y social del menor, puede aplicar medidas de protección, programas de intervención socioeducativa o terapéutica, seguimiento familiar por parte de trabajadores sociales y en casos extremos de desamparo, la retirada de la tutela a los padres.

En cuanto a la responsabilidad civil, en caso de que exista, son los padres o tutores legales del menor los que la asumen. Por su parte, y según el Código Civil, los responsables del menor deben indemnizar económicamente a las víctimas por los daños y perjuicios causados.