La presión surte efecto: acuerdo para escolarizar a un menor en A Coruña tras el anuncio de huelga de hambre
La familia denunciaba que el menor, de 15 años y con un 49% de discapacidad, lleva 14 meses sin escolarización y sin una plaza adecuada en educación especial
A Coruña
La coruñesa Carmen Villar finalmente no ha iniciado la huelga de hambre que había anunciado frente al edificio administrativo de la Xunta en Monelos para reclamar una solución a la situación de su hijo de acogida, un menor de 15 años con un 49% de discapacidad reconocida que lleva 14 meses sin escolarizar.
A su llegada al lugar de la protesta, Villar fue invitada a una reunión con el delegado de Educación y responsables del área de menores de la Xunta de Galicia. El encuentro concluyó con un acuerdo que desbloquea, al menos parcialmente, la situación del menor.
Un acuerdo tras meses sin respuesta
Según lo pactado, el menor será incorporado a un aula especial durante el presente curso, mientras que el próximo año ingresará en un centro de educación especial, tal y como venía reclamando la familia.
La madre se mostró sorprendida por el desenlace:“Ha tenido que anunciar una huelga de hambre para que se produjera una reunión que llevábamos meses solicitando”, lamentó.
14 meses sin escolarización
El caso había generado gran preocupación al tratarse de un menor bajo tutela de la Xunta que llevaba más de un año sin acceso a educación reglada, pese a su situación de dependencia severa.
El joven fue acogido de forma permanente por Villar y su pareja hace 12 años. Un auto judicial dictado en diciembre de 2025 establecía que debía residir con su familia y ser escolarizado en un centro de educación especial, una resolución que, según denunciaba la familia, no se había cumplido hasta ahora.
Además, si el menor accede a un centro especializado antes de cumplir los 16 años —lo que ocurrirá en 2027— podrá prolongar su escolarización hasta los 21.
Un historial marcado por la falta de recursos
El menor estuvo matriculado durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025 en el centro Agarimo de Arteixo, donde el propio equipo educativo reconoció la falta de medios para atender sus necesidades. Esta situación derivó en múltiples incidentes hasta su expulsión cautelar en febrero de 2025 por motivos de seguridad.
Desde entonces, no había vuelto a integrarse en un centro educativo. Durante este periodo, fue trasladado temporalmente a un centro de protección de menores en Lugo, del que también fue expulsado.
Pese a ello, en marzo de 2026 la Administración volvió a proponer su escolarización en el mismo centro Agarimo, a pesar de que este había reconocido previamente carecer de los recursos personales, terapéuticos y de seguridad necesarios.
Denuncia de falta de apoyo institucional
La familia asegura que ha tenido que hacerse cargo del menor con sus propios medios durante todo este tiempo, “sin apenas apoyo institucional”, y considera que la presión pública ha sido clave para lograr avances.
El caso pone de relieve las dificultades del sistema educativo para garantizar plazas adecuadas en educación especial y ha reabierto el debate sobre la atención a menores con discapacidad en Galicia.
