El caso del boleto de La Primitiva sin cobrar: claves de un juicio 13 años después

A Coruña

Toda esta semana hemos estado pendientes de las diferentes declaraciones del Juicio del Lotero, ha sido una conversación recurrente entre compañeros, en el café de la mañana, en las sobremesas... El caso que nos tiene en vilo está más cerca de resolverse y el boleto de cobrarse, ¿o no? Con todo lo que sabemos hasta el momento montamos El Puzzle gracias a Leila Fernández que ha estado cubriendo la información.

El caso del boleto de La Primitiva premiado con millones de euros y nunca cobrado en A Coruña llega por fin a juicio más de una década después. Una historia llena de incógnitas, múltiples versiones y cientos de reclamantes que sigue sin una respuesta clara.

¿Cuándo empezó todo?

Todo se remonta al año 2012. El 30 de junio, la administración de Loterías número 44 del centro comercial Carrefour de A Coruña selló un boleto de La Primitiva con los números 10, 17, 24, 37, 40 y 43. Un boleto aparentemente más, pero que estaba premiado con 4,7 millones de euros.

Sin embargo, ese premio nunca llegó a cobrarse.

Unos días más tarde, el 2 de julio, Manuel Reija, lotero de la administración del mercado de San Agustín, acudió a la Delegación Provincial de Loterías y Apuestas del Estado asegurando que había encontrado varios boletos en el mostrador de su establecimiento. Al comprobarlos, descubrió que uno estaba premiado con una cantidad elevada.

En la delegación confirmaron que el importe superaba los 4 millones de euros. Aun así, esperaron un día antes de comunicarlo a la sede estatal.

Pese a la magnitud del caso, no fue hasta 2013 cuando comenzaron las investigaciones, y no sería hasta 2018 cuando la vía judicial tomó forma con denuncias y nuevas pruebas para esclarecer quién era el propietario del boleto y si hubo delito por parte del lotero. Incluso, en septiembre de ese año, al ver que el premio caducaba, el propio lotero solicitó cobrarlo.

¿Cuántos acusados hay y a qué penas se enfrentan?

En el banquillo se sientan dos acusados principales:

• Manuel Reija, el lotero de la administración de San Agustín
• Miguel Reija, delegado provincial de Loterías y hermano del primero

La Fiscalía considera que ambos actuaron de forma coordinada para intentar apropiarse del premio.

Por ello, solicita:

• 6 años de prisión para el lotero, por estafa o apropiación indebida
• Para el delegado, además, delitos como encubrimiento o blanqueo de capitales

A estas penas se suman posibles responsabilidades económicas por el importe del premio.

¿Cuántas versiones de los hechos existen?

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la cantidad de versiones que han surgido con el paso del tiempo.

El lotero sostiene que el boleto apareció abandonado en su mostrador. Según su versión, en un momento de poca clientela revisó varios boletos extraviados por curiosidad y descubrió que uno estaba premiado. Posteriormente, su hermano le habría indicado que lo devolviese a la administración por si aparecía el dueño.

Frente a esto, la investigación policial apunta a otra posibilidad: que existiera un cliente concreto al que no se le informó del premio.

Ese cliente sería José Luis Alonso, considerado por la Fiscalía y la Policía como el posible propietario legítimo. Según esta hipótesis, acudió a comprobar boletos y no se le comunicó que uno de ellos tenía premio ni se le devolvió.

A esto se suma la aparición de numerosos reclamantes, lo que ha complicado aún más el caso.

¿Quiénes se postulan como dueños y cuáles son sus argumentos?

Más de 300 personas llegaron a reclamar la propiedad del boleto, aunque finalmente el juicio se centra en dos nombres:

José Luis Alonso

Es el candidato que respaldan Fiscalía y Policía. Solía jugar siempre los mismos números, detectados a través de un rastreo de apuestas realizadas durante viajes del Imserso. Uno de los boletos encontrados coincide incluso con su fecha de nacimiento.

Manuel Ferreiro

Su reclamación se mantiene porque fue el único que denunció el supuesto robo del boleto antes de que el caso se hiciera público. Aseguró en la administración de Carrefour, apenas una semana después del sorteo, que el boleto era suyo y que los números coincidían con su patrón habitual.

En ambos casos, son sus familias quienes continúan la reclamación, ya que los dos han fallecido.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía sostiene que no se trata de un error, sino de una actuación deliberada.

Según su tesis, el lotero ocultó a un cliente que su boleto estaba premiado con la intención de quedarse con el dinero. Para ello, habría contado con la colaboración de su hermano para dar apariencia legal al cobro.

La acusación se apoya en:

• Registros de la administración
• Datos de la máquina de comprobación
• Análisis del boleto
• Patrones de juego del supuesto ganador

¿Y la defensa?

La defensa niega cualquier tipo de engaño.

Argumenta que no existen pruebas concluyentes de que el boleto perteneciera a una persona concreta. Según esta versión, el lotero actuó dentro de la legalidad en una situación confusa.

Además, cuestionan la solidez de las pruebas de la Fiscalía, especialmente en lo relativo a la identificación del ganador, teniendo en cuenta la gran cantidad de reclamantes.

Otro elemento relevante es que en el boleto se detectaron hasta una decena de huellas dactilares, lo que añade más incertidumbre.

¿Qué pasará con el dinero y cuánto asciende ahora el premio?

El premio original, de 4,7 millones de euros, sigue sin cobrarse a día de hoy. El dinero permanece retenido a la espera de una sentencia firme que determine quién es el propietario legítimo.

Con el paso del tiempo, se han acumulado intereses, por lo que la cantidad asciende ya a unos 7 millones de euros.

Además, este dinero está exento de impuestos, ya que la normativa que grava los premios de loterías es posterior al sorteo.

La Fiscalía solicita que, en caso de condena, sean los acusados quienes asuman la diferencia económica. Por su parte, estos defienden que el pago debe recaer en la aseguradora de la administración, que también está personada en la causa.

Cabe destacar que este juicio no decidirá quién es el propietario del boleto. Su objetivo es determinar si hubo delito. Si hay condena, los reclamantes deberán iniciar un proceso civil para intentar cobrar el premio.