Pedro Antonio Sánchez: "Nunca hubo un encargo, nunca hubo un contrato y nunca hubo un pago para la construcción del Auditorio"

Murcia

El expresidente de la Comunidad ha negado, a preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano que hubiera hecho ningún encargo al arquitecto Martín Lejárraga cuando era alcalde de Puerto Lumberas para llevar a cabo la construcción el auditorio de ese municipio.

Este martes ha tenido lugar la primera sesión del juicio por el caso Auditorio con la declaración de Pedro Antonio Sánchez, una vez solventadas las cuestiones previas. Sánchez ha negado también que el proyecto del Auditorio hubiera tenido subvenciones públicas. Fue, ha dicho, un convenio entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Ha insistido en que el no intervino en el expediente del Auditorio y que nadie puede demostrar que hacía un seguimiento al proyecto.

El expresidente de la Comunidad ha señalado, a preguntas de su abogado, José Antonio Choclán, que además la oposición en el ayuntamiento de Puerto Lumbreras nunca presentó objeciones al proyecto y a su tramitación.

Sánchez también ha señalado que antes de que el ayuntamiento recibiera la subvención de la Comunidad de seis millones de euros en dos plazos, no había suelo para la construcción del Auditorio y que el modificado que se aprobó se hizo con transparencia. El fiscal le ha preguntado si era consciente de que el Ayuntamiento estaba recepcionando una obra con dos edificios casi terminados y otro a medias, pese a que en el contrato de obras era completo. Pedro Antonio Sánchez ha dicho que "se recepcionó cien por cien la obra del modificado".

No obstante, el expresidente de la Comunidad ha visto, antes de su declaración, como el Fiscal y las acusaciones del caso han retirado el delito de fraude de subvenciones porque "así lo establece la jurisprudencia" existente por parte del Tribunal Supremo. Al retirarlo, la pena que pide el Fiscal bajaría a dos años y medio de cárcel y, además, se retiraría la petición de la multa de seis millones de euros. Lozano ha dicho que "son cuestiones de estricta legalidad por los que la Fiscalía debe velar y no meramente valorativas".

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El Fiscal sigue manteniendo los delitos de prevaricación continuada, que tiene aparejada una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público; y fraude a la administración y prevaricación en la aprobación del proyecto modificado, que añadiría dos años y tres meses de prisión y otros nueve años de inhabilitación y las acusaciones particulares el delito de falsedad documental y que sí se le podría imputar durante el desarrollo del juicio, como hemos escuchado al fiscal Lozano. Si llegara a suceder, podrían sumarse hasta 3 años y 6 meses de prisión a la pena final.

El juicio, que tiene lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia bajo la presidencia del magistrado Juan del Olmo, se reanudará el próximo tres de octubre con las declaraciones del resto de imputados

Hasta el 21 de octubre pasarán por la sala de vistas más de cuarenta testigos, entre ellos, dos guardias civiles, mientras que las tres últimas sesiones, fijadas para los días 22, 28 y 29 de noviembre, estarán reservadas, las dos primeras, a las pruebas periciales, y la última, a las conclusiones e informes.

A lo largo de la vista oral se tratará de esclarecer si el entonces alcalde de Puerto Lumbreras pudo cometer, presuntamente, los delitos de prevaricación, fraude y fraude de subvenciones, por los que el fiscal reclama cuatro años y medio de prisión, multa de seis millones de euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 19 años.

Para el arquitecto, Martín Lejárraga, que figura como cooperador necesario en esos delitos, la fiscalía solicita dos años y medio de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación especial.

El ministerio público pide dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación especial por 17 años y medio para la que era en el momento de los hechos secretaria de ayuntamiento, Caridad García, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.

Finalmente, el responsable de la empresa constructora, Vicente Gimeno, se enfrenta a una solicitud de condena de dos años y tres meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación por un supuesto delito de fraude.