Fiscalía abre diligencias para conocer en qué se ha invertido el dinero de los convenios urbanísticos de la zona norte de Murcia

Murcia

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha decidido abrir diligencias sobre los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio de Murcia después de la polémica surgida varios meses atrás sobre el destino del dinero que ingresó el consistorio a cuenta de estos desarrollos urbanos.

En la documentación a la que ha tenido acceso Radio Murcia, el Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, ha reclamado al Ayuntamiento de Murcia toda la información relacionada con las obras que pudieron ser financiadas con los ingresos procedentes de estos convenios urbanísticos desde que en 2017 se emitieran las sentencias, primero por parte del TSJ de la Región de Murcia y, posteriormente, la ratificación por parte del Tribunal Supremo, que resolvieron que los ingresos procedentes de los desarrollos urbanos solo podrían destinarse a inversiones en las zonas afectadas, por lo tanto, en este caso, en la zona norte del municipio. Según estas sentencias, este dinero no se puede destinar a ningún otro tipo de obra pública "por más que existiera interés general", según se pone de manifiesto en el escrito de Fiscalía.

En esta solicitud de documentación se pide el informe del servicio municipal de Intervención en el que se expresen los convenios urbanísticos aprobados en la zona norte de Murcia y los ingresos ya obtenidos por el consistorio de cada uno de ellos. También pide que se refleje en este informe qué parte queda pendiente de abonar y que "se indique el destino que se ha ido dando a tales ingresos para conocer qué obras han sido financiadas y han empleado esos ingresos de convenios urbanísticos hasta la fecha de hoy".

El Fiscal Superior también pide al Ayuntamiento de Murcia que le haga llegar los acuerdos en los que se aprobaron los proyectos de obra que utilizaron financiación procedente de los ingresos de convenios urbanísticos con posterioridad a noviembre de 2017 "fecha en la que se sabe que no sería legal su utilización en inversiones fuera de dicho ámbito de la zona norte", según recuerda en su escrito Díaz Manzanera.

Del mismo modo, solicita que se adjunten las actas con el punto del orden del día de las sesiones en las que se aprobaron dichas inversiones y que se indiquen los miembros que formaban parte del órgano resolutorio. Fiscalía también quiere conocer los informes técnicos, jurídicos y de intervención emitidos sobre esas inversiones antes de que se procediera a su autorización.

El actual equipo de Gobierno informó de posibles irregularidades

A mediados del pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Murcia informó de que había verificado que el anterior equipo de Gobierno de José Ballesta, del PP, destinó, al menos, 26 millones de euros a otras inversiones a pesar de tener conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2017 (que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo) que prohibía destinar dinero procedente de los convenios urbanísticos a otras inversiones que no fuesen en la zona afectada.

Entonces, el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, informó de que "a estos 26 millones de euros que se gastaron a sabiendas de que no se podían utilizar en pagar esos proyectos, se suman otros 28 millones que se utilizaron previamente a la sentencia, por lo que se contabiliza un total de 54 millones de euros de dinero público que no se han usado de forma correcta".

El vicealcalde, Mario Gómez, señaló que les constaba que "el Equipo de Gobierno de Ballesta conocía perfectamente esta sentencia, por lo que se ha reído de la justicia y de los murcianos" y añadía que "muchos de los proyectos estrella de Ballesta y su equipo fueron financiadas con presupuesto que no se podía utilizar para ese fin".

Tras la sentencia del TSJ, se recurrió la casación pero el Tribunal Supremo ratificó la sentencia.