La juez apunta al expresidente Valcárcel por prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en la desaladora de Escombreras

Murcia

La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha acordado en un auto notificado hoy que continúe el procedimiento contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel investigado en las segundas diligencias abiertas tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras, conocido como el caso La Sal II.

Estas diligencias tienen su origen en las instruidas en el juzgado de Instrucción número 5, de las que se dedujo testimonio para investigar la participación del expresidente de la Comunidad, ramón Luis Valcarcel en los hechos allí denunciados.

Cabe recordar que esa primera investigación se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá y los administradores o representantes de varias mercantiles, entre ellas Hidromanagemet y Tedagua

El segundo procedimiento, dirigido contra el expresidente, fue inicialmente archivado en enero de 2021 y posteriormente reabierto tras un recurso de apelación del Ministerio Fiscal.

Señala el auto que, con la premisa de que el investigado, como presidente de la Región de Murcia, “conocía sus obligaciones y era garante del cumplimiento de la legalidad y en todos los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora intervino por acción u omisión cooperando de ese modo a su ejecución”. Asegura el auto que “existen datos objetivos que pudieran avalar que Valcárcel conocía y sabía lo que iba sucediendo con la desaladora y de sus incidencias más graves”.

Tras extractar estos de las declaraciones, la documentación incautada en los registros y los informes, en la abultadísima prueba practicada, la juez concluye que existen indicios de que el proyecto de la Desaladora fue impulsado desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia por el investigado “que ordenó la adquisición de la desaladora y que conocía todos los pasos que se dieron”.

Cree la jueza que, de modo indiciario, Valcárcel cooperó de forma relevante con la adopción de acuerdos en el seno del Consejo de Gobierno, que si bien en sí podrían no ser ilegales, iban permitiendo la operativa desde el principio diseñada; o bien, de modo alternativo podría imputarse una actuación omisiva ya que mantuvo una actuación pasiva durante muchos años ante el proyecto de adquirir una desaladora con inversiones millonarias comprometiendo el patrimonio de la CARM.

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas tienen 30 días para solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente, podrían pedir, con carácter previo, la práctica de alguna diligencia complementaria.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.