Política

“Potencialmente inconstitucional”: los servicios jurídicos de la Asamblea Regional cuestionan la Ley de Autonomía Fiscal del PP

Este miércoles la cámara autonómica debate la toma en consideración de esta proposición de Ley

Fernando López Miras en la Asamblea Regional

Murcia

A apenas unas horas de que el pleno de la Asamblea Regional debata la proposición de Ley de Autonomía Fiscal de la Región de Murcia impulsada por el PP los servicios jurídicos de la cámara han emitido un duro informe en el que cuestionan algunos de los puntos de su articulado y advierten de que se podrían estar interfiriendo competencias del Estado e incurrir en inconstitucionalidad.

Según ese informe, partiendo de que el texto normativo pretende garantizar la autonomía fiscal de la Región de Murcia, recuerda que esa autonomía “se encuentra en la actualidad plenamente garantizada a través de los mecanismos tanto de la propia Constitución Española como el resto del ordenamiento jurídico”.

Además, considera que la iniciativa legislativa no es “el instrumento más idóneo” para abordar esta cuestión “cuando además carece de competencias para poder innovar el ordenamiento jurídico en esa materia”.

“Esta técnica legislativa -continúa el informe al que ha tenido acceso Radio Murcia- ha sido reiteradamente proscrita por el Tribunal Constitucional como deficiente y peligrosa, cuando no potencialmente inconstitucional”.

En el repaso que realiza al articulado, enumera algunos de los puntos en los que esta proposición legislativa entra en conflicto con el actual ordenamiento jurídico. Así, en el artículo 6, referido a los tributos propios de la Comunidad Autónoma, hay parte de su redacción de la que sostiene que “puede dar lugar a confusión y generar inseguridad jurídica respecto al concreto alcance de la potestad tributaria de la CARM”.

Otro ejemplo es el apartado tercero del artículo 8, de los impuestos cedidos de la Comunidad Autónoma, en el que aprecia “una limitación a la potestad normativa del Estado”. Esto, según los servicios jurídicos de la Asamblea Regional, “excedería en todo caso de las competencias autonómicas, invadiendo la competencia estatal en materia de Hacienda Pública, por lo que podría resultar inconstitucional”.

Podemos pide su retirada

El diputado de Podemos Rafael Esteban, ha exigido su retirada antes de que sea debatida este miércoles en el pleno, que decidirá sobre su toma en consideración, esto es, si se autoriza el inicio de su tramitación parlamentaria.

El informe jurídico debe acompañar preceptivamente a cada proyecto de ley y este determina “con absoluta claridad”, según Esteban, “que el texto roza la inconstitucionalidad, invade competencias, es redundante y, en definitiva, no aporta absolutamente nada”.

Podemos ha anunciado su voto en contra de la admisión a trámite de esta iniciativa y exige que “ante un informe tan rotundo, que es un auténtico varapalo”, se retire incluso del orden del día este punto.

“Es otra más de las mentiras que se dedica a vender un proyecto agotado como el del presidente murciano, Fernando López Miras”, ha recalcado Esteban, quien ha dicho compartir el diagnóstico de los letrados de la Cámara.

Ha calificado de “disparate propagandístico” la propuesta estrella de López Miras durante el debate sobre el estado de la región del pasado junio como fórmula para blindar las competencias fiscales autonómicas y evitar subidas de impuestos.

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A primeros de octubre, el PP la registró con la idea de darle luz verde antes del final de legislatura y su portavoz en la Cámara, Joaquín Segado, llegó a anunciar el pasado viernes la fecha para su aprobación –el pleno del 14 de diciembre–, pues el trabajo parlamentario se desarrollaría dentro de un “calendario a término fijo”.

Para el diputado de Podemos, el texto es “una mera venta de humo” que se enmarca “en la agenda electoral que quiere imponer el PP”.

“Es una ley que no tiene ningún sentido en un Estado constitucional como el nuestro”, ha dicho este abogado colegiado desde 1995, quien ha recordado que son “la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes las que ya determinan esta autonomía financiera de la comunidad”.

La formación morada, que ya denunció el pasado octubre la inconstitucionalidad de un proyecto de este tipo porque el Gobierno autonómico no tiene esas competencias, considera que los servicios jurídicos les dan ahora “totalmente la razón” en su diagnóstico.

 
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