CROEM asegura que el nuevo decreto ley para dinamizar las inversiones en la Región de Murcia supone un "menor intervencionismo"

Murcia

CROEM valora positivamente el decreto ley de Dinamización de Inversiones, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública aprobada ayer por el Gobierno regional

El presidente de la patronal regional murciana, José María Albarracín, ha destacado que esta ley nace con la intención de intentar cerrar el círculo y completar las anteriores normas de simplificación centrándose en la atracción de inversiones para la Región de Murcia.

El líder de la CROEM asegura que esta ley supondrá un crecimiento del PIB regional y la creación de empleo. Albarracín ha dicho que se trata de una "norma oportuna".

Ha añadido que este decreto ley supone un menor intervencionismo por parte de las administraciones y la consagración del libre mercado.

¿Qué dice la nueva norma?

Las nuevas empresas que quieran constituirse en la Región de Murcia podrán solicitar todos los informes preceptivos de manera simultánea, no tendrán que esperar a las posibles modificaciones de los planes de urbanismo para seguir adelante con su tramitación y tendrán facilidades de acceso a ayudas en función de su tamaño y su innovación.

Son algunas de las novedades que plantea el nuevo Decreto ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, que ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno con el objetivo de avanzar en la simplificación administrativa con el objetivo de generar libertad económica y empresarial y reducir la burocracia.

El nuevo decreto se divide en tres bloques, el primero de ellos y más extenso, el de la dinamización de inversiones empresariales, en el que se contemplan múltiples medidas para agilizar los procesos administrativos eliminando duplicidades y trámites.

Así, en la puesta en marcha de proyectos empresariales, se extenderá el uso de la declaración responsable y las comunicaciones, al tiempo que se da cabida a la colaboración de entidades privadas de certificación para agilizar la tramitación de procedimientos.

Una de las principales novedades será la regulación de los informes sectoriales que se exigen a los empresarios, y que se podrán solicitar de manera simultánea, no como hasta ahora, con un orden fijado que obliga a que, si la emisión de un informe se retrasa, el resto queden paralizados.

Se fijará un plazo de tres meses para la emisión de informes preceptivos y resoluciones sectoriales relacionados con la implantación de una actividad y en el caso de que se emita fuera de ese plazo, podrá no ser tenido en cuenta. Además, se obliga a que los informes sean claros y señalen de forma inequívoca sin son favorables o no.

Otras de las grandes novedades se refiere a la ordenación del territorio: cuando por necesidades de una empresa haya que modificar el planeamiento general, ese cambio se podrá llevar a cabo sin necesidad de esperar a la revisión del plan general de ordenación urbana.

Las instalaciones de autoconsumo no necesitarán solicitar licencia de obras previa, y se introducen también cambios para agilizar la tramitación de expedientes relacionados con carreteras.

También es novedoso que, en materia de medio ambiente, los proyectos que la ley estatal considera “excepcionales”, como aquellos de urgencia o por catástrofes naturales, estarán exentos de los trámites de evaluación de impacto ambiental.

En el marco de la libertad de mercado, se apostará por la libre circulación, de manera que empresas que ya operan en otras comunidades autónomas y quieran implantarse en la Región de Murcia no tendrán que llevar a cabo de nuevo la tramitación administrativa de licencias e informes.

Para impulsar la digitalización, se pondrá en marcha un certificado oficial de calidad y las empresas que cuenten con él tendrán facilidades de acceso a financiación pública, al tiempo que se creará también un fondo capital semilla para pymes innovadoras y tecnológicas.

La norma busca también fomentar el crecimiento empresarial frente a las dificultades que ponen las normas estatales, según subrayaba la consejera Portavoz del Gobierno regional Valle Miguélez, para pasar de los 50 empleados, por lo que las compañías que superen ese tamaño tendrán facilidades en el acceso a subvenciones y ayudas, como también lo tendrán los proyectos que se consideren estratégicos, para los que se plantean incluso concesiones directas de ayudas.

Se modificarán también las condiciones de la Unidad de Aceleración de Inversiones con el objetivo de no perder los 2.140 millones de euros en inversiones que la comunidad calcula que están pendientes actualmente por trámites burocráticos.

En cuanto al área de eficiencia pública, se da un nuevo paso en la racionalización de criterios y la detección y supresión de gastos obsoletos y repetitivos, para lo que se hará un plan anual de racionalización del gasto y se creará una unidad ARGOS para velar por esa racionalización.

Asimismo se pondrán en marcha “unidades transitorias de apoyo” con funcionarios públicos que apoyarán cometidos específicos, al tiempo que se crearán puestos de trabajo temporales para facilitar el relevo generacional evitando la pérdida de conocimientos.

Se creará una Agencia Digital para centralizar la detección de necesidades y prestar especial atención a la ciberseguridad, y se regularán también las competencias del ICREF reforzando su papel de facilitador de proyectos de colaboración público-privada.

Miguélez ha subrayado que esta norma, en la que se lleva trabajando desde 2019 y que ha sufrido los avatares de la pandemia, cuenta con total seguridad jurídica, porque ha sido minuciosamente revisada por los servicios jurídicos de todos los departamentos implicados.