Pedro Antonio Sánchez: "Lo único que he hecho ha sido buscar el interés general y el cumplimiento de la ley"

Murcia

El exalcalde de Puerto Lumbreras y expresidente murciano del PP Pedro Antonio Sánchez ha dicho este martes al hacer uso de su derecho a la última palabra en el juicio del caso Auditorio, en el que está acusado de prevaricación y fraude, que en política siempre actuó en defensa del interés general y del cumplimiento de la ley.

En la última sesión del juicio seguido en la Audiencia Provincial de Murcia desde el 27 de septiembre, en el que todas las defensas han solicitado la absolución de sus patrocinados, entre ellos, el arquitecto autor del proyecto, Martín Lejarraga, los letrados han recalcado que, en contra de lo sostenido por las acusaciones, Sánchez no le hizo nunca ningún encargo verbal.

Han añadido que el concurso de proyectos convocado por el ayuntamiento que presidía entonces Sánchez es una prueba fehaciente de ello y recalcado que la subvención de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura de Murcia se invirtió en la edificación.

Para los letrados, también fue ajustada a derecho la aprobación de un proyecto modificado, que era lo que procedía al haber aparecido circunstancias no previstas inicialmente para cambiar el sistema de cimentación debido a las condiciones del terreno, puestas de manifiesto por un estudio geotécnico, lo que encareció los trabajos.

Otra circunstancia, han añadido, fue que en un principio no se contempló la existencia de un vial que pasaba por los terrenos sobre los que se levantó el edificio y que obligó a su retranqueo, para concluir todos que no hubo perjuicio alguno para el Gobierno de Murcia, que no reclamó, ni para el ayuntamiento, que este lunes se retiró como acusación particular al no detectar ninguna responsabilidad penal.

La undécima sesión de la vista oral ha comenzado con la exposición del informe de la defensa del exmandatario regional, que ha insistido en varias ocasiones en que este caso nunca debió llegar a la jurisdicción penal al considerarlo un asunto administrativo.

Ha admitido que en la tramitación de todo lo relacionado con la obra pueden haberse cometido irregularidades o errores, pero que en todo caso serían de carácter administrativo, no penal. Y ha añadido que las acusaciones acudieron a la vía criminal porque la jurisdicción contenciosa, al desestimar el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, declaró que el concurso de proyectos convocado por el consistorio estuvo ajustado a la ley.

El letrado, para el que no existe duda de que si la obra del auditorio no concluyó fue debido a la judicialización del asunto, ha pedido la absolución para Sánchez, que servirá para resarcirlo de los sufrimientos padecidos a lo largo de los siete años que ha durado la instrucción y enjuiciamiento del caso.

El abogado defensor de Caridad García, secretaria accidental del ayuntamiento cuando ocurrieron los hechos, en 2006, ha destacado que esta siempre ejerció su labor correctamente, “de forma intachable”, para añadir que la ley no encomienda a estos funcionarios el control de la legalidad de las actuaciones municipales.

El abogado del arquitecto ha manifestado que el concurso de proyectos que le fue adjudicado, al que se habían presentado tres aspirantes, se tramitó de forma transparente y sin que los miembros del jurado recibieran presiones.

Ha lamentado que las acusaciones se hayan basado en el informe encargado por la fiscalía al arquitecto Andrés Checa, que contiene muchos errores, crítica compartida por el defensor del último acusado, Vicente Gimeno, apoderado de la constructora.

Este último abogado ha dicho que el informe “es algo parecido a las cuentas del Gran Capitán” y tuvo en cuenta al valorar las obras que faltan por realizar el importe de algunas partidas que se retiraban del proyecto inicial pero no de las que se incorporaban, con lo que su cálculo de que aquellas ascenderían a 2,3 millones no resulta creíble.

Todos los acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra para proclamar su inocencia y lamentar la afectación del caso a su honor por lo que algunos de ellos han calificado de “calvario”.

En sus conclusiones, elevadas a definitivas este lunes, la fiscalía reclamó para Sánchez diez años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación y dos años y seis meses de prisión y nueve de inhabilitación por los de fraude y prevaricación que considera que cometió con la aprobación del proyecto modificado.

Para Lejarraga y García solicitó 16 años y medio de inhabilitación y dos años y tres meses de prisión y para Gimeno la misca cárcel e inhabilitación 8 años y un mes.