Contratos a la carta, favoritismo, coacciones, presiones...: la Fiscalía General del Estado asume la investigación en el Puerto de Cartagena

Murcia

La Fiscalía General del Estado asumirá la investigación sobre amaño de contratos y otros delitos en el seno de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Será el Fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, quien siga dirigiendo esta investigación, según han explicado fuentes de la Fiscalía Superior a la Cadena SER, aunque la supervisión de la misma dependerá de la Fiscalía General del Estado, concretamente del fiscal jefe Anticorrupción, la "por la especialidad y trascendencia de los hechos".

A lo largo de las diecinueve páginas de la querella presentada el pasado viernes en los juzgados de Cartagena, la Fiscalía detalla una serie de manejos y procedimientos independientes, pero en los que aprecia la existencia de indicios de responsabilidad criminal en nueve hechos. Estos implican tanto a la actual presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, como a Antonio Sevilla, que ocupó ese cargo entre 2014 y 2018, así como a otros trabajadores y cargos de la Autoridad Portuaria.

En el escrito, en el que se recogen indicios de delitos como prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos, cuatro de esos hechos son atribuidos a Muñoz y uno de ellos a Antonio Sevilla. Aunque, en este último caso, aparece relacionado con otras actividades bajo lupa.

Pliegos de condiciones a la carta

Las investigaciones apuntan al amaño de contratos, por ejemplo, el que el Puerto realizó con la mercantil Estrategias y Desarrollo, propiedad de la directora de Innovación de la Autoridad Portuaria, Paloma Escudero, también investigada por la Fiscalía, y de su marido.

Además, otra investigación de la misma etapa de la Autoridad Portuaria señala a una tramitación bajo sospecha en la que la misma empresa que redactó el pliego de servicio de Oficina de proyectos para el Plan de Digitalización, Sopra Steria, concurrió a ese concurso y acabó siendo finalmente la adjudicataria, "constituyendo una grave irregularidad", apunta el ministerio fiscal.

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Los vínculos entre Paloma Escudero y Antonio Sevilla también están relacionados con las presiones que ésta presuntamente habría realizado para imponer y modificar los criterios del pliego para contratar los servicios de una empresa asesorada por Sevilla, una vez que dejó la presidencia. Aquí se apunta que Sevilla "podría estar recibiendo remuneración por este asesoramiento y uso de contactos políticos y administrativos para supuestamente influir en las adjudicaciones a través" de Escudero.

En este caso, los investigadores piden que se recabe más información sobre la financiación de los viajes realizados por Sevilla y Escudero a Cuba, y que podrían haber sido financiados por esta empresa, así como el máster realizado por otra de las investigadas, Mª José Barahona, jefa del departamento de Planificación y Gestión de la APC.

"Coacciones" por parte de Yolanda Muñoz

Este último hecho se habría llevado a cabo ya bajo el mandato de Yolanda Muñoz, a la que la Fiscalía señala sin embargo por otro otras contrataciones y maniobras. Así, por ejemplo, habla de "supuestas coacciones de la presidenta de la APC al Comité Técnico para modificar el informe de baja temeraria con el fin de favorecer la adjudicación a la empresa Salzillo Seguridad".

De igual forma, consideran que está detrás de irregularidades relacionadas con la contratación de altos cargos de la Autoridad Portuaria. En este caso, son puestos como jefe de explotación, responsable de Dominio Público, Responsable de Medio Ambiente y Responsable Comercial y Marketing. Para la realización del proceso de contratación, se recurrió a la empresa Barraise, y los desarrolló Susana García, "amiga de la presidenta y compañera del más para directivos AMP", dicen los denunciantes. En esa evaluación de candidatos, "la presidenta de la APC realizó diversas modificaciones de las bases del concurso".

Señala la querella también a Muñoz por "haber postergado de modo arbitrario a la primera trabajadora de los que aparecían en la bolsa de trabajo existente por ser la hija de un miembro del Comité de Empresa". Sobre este puesto para la Policía Portuaria los investigadores aportan un audio en el que la presidenta, durante una conversación, llega a asegurar que: "O cambia de actitud o no tengo por qué tenerla, tengo a otro. Es que no quiero, tiene que venir a pedirlo de rodillas".

También se investigan otros contratos, como los relacionados con la compra de unos ordenadores portátiles o la ejecución de una campaña como "Vive el puerto".