El juzgado número 1 de Cartagena abre diligencias por el presunto amaño de contratos en la Autoridad Portuaria
Según la fundamentación del auto, los hechos hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos
Juzgados de Cartagena / Google Maps
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, Alba Secorun, acuerda incoar diligencias en relación con la denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia sobre irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Las diligencias de investigación del Ministerio Público se habrían iniciado hace un año a la vista de la indagación preliminar realizada por agentes de la UDEF, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras la denuncia de tres particulares.
Según la fundamentación del auto, los hechos que resultan de las denuncias presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos muy diversos, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos.
En concreto, la resolución relaciona ocho hechos que “revisten indicios mínimos y suficientes de la presunta comisión de varios ilícitos penales y que justifican la necesidad de incoar Diligencias Previas en aras a esclarecerlos”.
El auto, notificado hoy a la Fiscalía, ordena que se dé traslado a nueve investigados y representantes de dos mercantiles para que sean informados de los hechos que se le atribuyen, así como de su derecho a examinar las actuaciones, a actuar en el proceso y a designar abogado antes de que se les tome declaración.
La querella de la fiscalía se dirigía, entre otras personas, contra la presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, y su antecesor, Antonio Sevilla, para que se investigue si pudieron participar presuntamente en prácticas corruptas en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021.
También contra un antiguo director general y una jefa de área, que podrían haber facilitado información privilegiada a licitadores que participaron en varios concursos públicos, lo que les hubiera permitido concurrir en situación ventajosa.
Según la denuncia, esas supuestas actividades ilegales se habrían cometido no solo en la convocatoria de obras y servicios, sino también en la contratación de personal para el puerto.
Podemos, PSOE y Cs piden el cese o la dimisión de Yolanda Muñoz al frente de la APC
Muñoz señaló este martes tras el consejo de administración de la APC que no dimitirá, como piden Podemos, el PSOE, Ciudadanos y la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y que ha encargado una auditoría interna y otra externa para despejar “cualquier sombra de duda”.
Podemos pidió también ayer que se encargue de ello la Intervención General del Estado y los sindicatos UGT y CCOO en el puerto anunciaron el pasado viernes que se personarán como acusación particular tras ser el comité de empresa de la APC el que denunció en julio de 2021 ante la fiscalía “hechos irregulares” tras conocer un expediente sancionador a un ingeniero.
Dos meses después denunciaron irregularidades en las licitaciones del proyecto de digitalización, mantenimiento del control de accesos y seguridad a la empresa, una compra de ordenadores con un contrato menor, la contratación de una jefa de división y los contratos a su consultoría, así como coacciones en varias licitaciones a ese ingeniero, que fue sancionado por desobediencia.
En 2022, UGT y CCOO comparecieron en la fiscalía para denunciar también irregularidades en la licitación de servicios y obras de infraestructuras para la semana cultural Vive tu Puerto 2021.
En julio pasado ampliaron la denuncia por represalias al ingeniero que no firmó lo que le pedían y por un amaño en el proceso de selección de la plaza de jefe de área de explotación, que se adjudicó al hermano del alcalde de Almería, del PP, Ramón Fernández-Pacheco, que ocupó ese cargo de 2015 a 2022.
Hoy es consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de ese Gobierno autonómico, además de secretario general de su partido en su provincia natal.
También lo hicieron por posibles irregularidades en la privatización de los servicios informáticos y del mantenimiento eléctrico y de vehículos, en la contratación de empresas privadas para trabajos de delineación que hasta entonces realizaban los trabajadores de la APC, así como la de la hermana del alcalde de San Javier y secretario general del PP murciano, José Miguel Luengo, a través de una empresa externa, junto a prevaricación en los contratos de la bolsa de empleo para la Policía Portuaria.
Según ambos sindicatos, la Policía Judicial inició una investigación y llamó a testigos entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022 y en diciembre pasado la fiscalía les comunicó que remitía la denuncia a los juzgados de Cartagena, aunque sin darles a conocer su contenido, y hoy ha sido la titular del de instrucción número 1 la que se ha hecho cargo de las investigaciones.
Desde Ciudadanos en la comunidad murciana han vuelto a pedir el cese de Muñoz "una vez confirmadas las fundadas sospechas de corrupción en los cargos nombrados por el PP en la APC con la imputación judicial que se ha conocido hoy (...) y que pare así una degradación" de esa institución "que afecta a todos los murcianos".
Exigen también al Gobierno murciano "una investigación para depurar todas las responsabilidades de esta presunta trama corrupta del PP para que ningún corrupto quede impune".
