El Gobierno de Valcárcel pagó 500.000 euros a un despacho de abogados para evitar el control público en la desaladora de Escombreras
El despacho de Andrés Arnaldos cobró 497.313,61 euros y el despacho Ariño y Vilar, casi 254.000
Desaladora de Escombreras / Google Maps
Murcia
La desaladora de Escombreras es una ruina para la Región de Murcia. Pero, también, es un bochorno político por el proceder de su impulsor Antonio Cerdá. El fiscal Juan Pablo Lozano describe la cronología de la creación de toda la estructura.
En el caso de la búsqueda del asesoramiento legal el Ministerio Público detalla como el entonces consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, encargó el trabajo sobre conflictos competenciales de manera expresa al despacho 'Ariño y Villar Asociados'. Estos pagos se dividieron en tres. En 2006, se le pagó 70.140,57 euros; en 2007, 133.146,57 y en 2008, el Gobierno regional pagó 50.636 euros. En total, a la ciudadanía de la Región le costó 253.923,14 euros este encargo de Cerdá, según explica el Ministerio Fiscal relata en su escrito de acusación, que le ordena devolver el 20 por ciento a la Comunidad.
Además, el Ejecutivo liderado por Valcárcel se gastó casi 86.000 euros en el despacho 'Santiago González-Varas' en la elaboración de un libro sobre derecho de agua. El total del gasto en este despacho fue de 85.860 euros.
El montante más alto se lo lleva 'Arnaldos y Asociados Abogados'. El fiscal asegura en su escrito de acusación que las minutas facturadas por Andrés Arnaldos y su despacho profesional contratado por el Ente Público del Agua (EPA) para labores de asesoramiento jurídico para HIDRONOSTRUM y DESA, y a partir del 21 de mayo de 2007, además del asesoramiento jurídico, por la prestación correspondiente a las funciones de secretario general del EPA y representación jurídica. Por ello cobró casi medio millón de euros, y ahora deberá reintegrar a la Comunidad autónoma casi 100.000 euros, el 20% de gastos generales y beneficio industrial de sus honorarios totales.
Todo estas estrategias legales se crearon, según Fiscalía, para evitar la supervisión y control público. Todo ello pagado con dinero público.
